Interminable cadena de sorpresas. Los pactos reservados que exponen la doble vara de Milei en la Justicia.

Hay un trasfondo en las nominaciones judiciales dentro del Senado de la Nación que expuso los mecanismos de premios y castigos con los que el Gobierno Nacional moldea la estructura del Poder Judicial.

En un movimiento simultáneo, el Gobierno del presidente Javier Milei resolvió retirar el pliego de María Verónica Michelli, postulada para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata, mientras otorgaba luz verde para el ascenso de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

La coincidencia en el timing de ambas decisiones dejó expuesta una contradicción entre los argumentos éticos que el Gobierno enarbola en público y los acuerdos políticos que se desarrollan en las más profundas sombras del poder.

Ello deja al descubierto que dentro de Casa Rosada se prescindió de cualquier evaluación sobre la idoneidad de la profesional, quien de hecho ya sumaba las fichas necesarias de parte de la Comisión de Acuerdos.

Tras firmar la baja del pliego, de la cual también participó el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el Gobierno eligió aplicar una sanción basada en la portación de parentesco, lo que no hace más que transformar una herramienta de selección en una de disciplinamiento político.

En sentido contrario, el destino de los magistrados Galván Greenway y Catania demostró que los cuestionamientos, incluso de parte del oficialismo, ceden ante la conveniencia de los pactos políticos. 

Ambos jueces de primera instancia acarreaban un veto de la Jefatura de Gabinete debido a sus estrechos vínculos con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino y a resoluciones que habían beneficiado a Claudio “Chiqui” Tapia en causas de criminalidad económica.

No obstante, según pudo corroborar Tribuna de Periodistas, una serie de negociaciones reservadas entre los jueces y puntuales emisarios de la presidenta del bloque de senadores libertarios Patricia Bullrich, derivaron en el levantamiento de las objeciones que en un principio había presentado el oficialismo.

En tal contexto, fue el senador oficialista Juan Carlos Pagotto quien habilitó de inmediato la recolección de firmas para habilitar el tratamiento de estos pliegos en el recinto, dejando al descubierto, más allá del giro discursivo, que las negociaciones llegaron a buen puerto.

Esta división entre los criterios de selección de jueces desnudó el cinismo de la administración libertaria que gestiona un mapa, a pesar de negarlo, con fuertes influencias en terreno judicial.

Es que lo que se ve, a simple vista, es la construcción de un Poder Judicial a medida que tiene como finalidad construir un sistema de impunidad y fuertes lazos con el poder real dentro de la justicia.

La construcción de una justicia adicta se termina por desarrollar mediante una doble vara, donde la cercanía con el periodismo crítico se penaliza mientras que la proximidad con el poder real, que claramente no es el periodístico (al que el Gobierno no odia lo suficiente), se premia con un ascenso a los despachos más codiciados del fuero federal.