El Ministerio de Seguridad direccionó una licitación millonaria para beneficiar a Medicus en perjuicio de otros oferentes.

En las últimas horas, el periodista Tomás Méndez expuso en el programa Telenueve Denuncia una maniobra que, según su investigación, perjudica al erario público y deja a miles de familias de las fuerzas de seguridad rehenes de negociaciones irregulares. Señala que funcionarios del entorno del Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, orquestaron el proceso desde el Ministerio de Seguridad Nacional —hoy a cargo de Alejandra Monteoliva, sucesora de la senadora Patricia Bullrich— para favorecer a la prepaga Medicus en detrimento de otros oferentes.

La medida se anunció con algarabía en una entrevista con Eduardo Feinmann que pareció pactada. El hecho de que ocurriera inmediatamente después de otorgarse la licitación, sumado a la ausencia de repreguntas y a la liviandad inusual del conductor, alimentó la sospecha de que se trató de un operativo de prensa para blindar la decisión sin generar incomodidad.

La gravedad del caso no se agota en una maniobra irregular habitual del poder político, sino que cala más profundo. Desde hace más de dos años, el personal de las Fuerzas de Seguridad y sus familias sufren el abandono progresivo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). Este deterioro se profundizó durante la gestión del exministro de Defensa, actual diputado Luis Petri, y de su sucesor, el militar en actividad Carlos Pesti. En ese período, múltiples maniobras de corrupción, vaciamiento y desfalco —no investigadas y hasta ahora impunes— consumieron bienes, recursos y aportes de los afiliados. Una vez más, la política, con la complicidad de directorios integrados por militares y civiles de dudosa idoneidad y moral, “se la robaron toda”.

Mientras tanto, comienza la cuenta regresiva para el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Todas cuentan con prestadoras de salud distintas que atraviesan una situación crítica por desfinanciamiento, mala administración o corrupción, y ahora enfrentan la misma incertidumbre.

El resultado es caótico. Si bien el contexto de las obras sociales no era óptimo por los desmanejos y la falta de controles, en casi tres años de gestión de La Libertad Avanza se terminó de desmantelar un sistema de salud solidario, que debería sostenerse con el aporte de sus beneficiarios, convirtiéndolo en un “paquete de clientes” listo para ser entregado sin objeciones. Al quebrarse los principios de solidaridad y de no regresividad consagrados en tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución Nacional, el Estado argentino subordinó la salud de las Fuerzas Federales a intereses particulares.

La gestión de áreas estratégicas como Seguridad y Defensa evidencia un grave déficit de control institucional. La ausencia de información veraz, de estudios de impacto, de transparencia y de audiencias públicas configura un cuadro de opacidad incompatible con la administración de recursos que afectan la salud de las instituciones. Corresponde a los organismos de control, al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar de oficio ante hechos que, por su notoriedad y alcance, están a la vista de toda la sociedad. La inacción no hace más que confirmar el deterioro y la desprotección de quienes cumplen funciones esenciales para el Estado.

Cuando la decisión se ejecuta, los operadores la aplican, los que deben controlar miran para otro lado y los afectados se quedan callados, el desmantelamiento deja de ser un hecho aislado para convertirse en método. Y en ese punto, el que sufre el recorte sin reclamar deja de ser solo víctima para pasar a sostener con su silencio el mismo sistema que lo despoja.