Gobierno nacional. Pauta cero, cajas infinitas y el periodismo domesticado.

Senador nacional por Salta, Guzmán Coraita, cuando pedirá informes de pautas? ( LLA).

En Argentina, la publicidad oficial nunca fue solamente publicidad oficial. Fue, durante décadas, una de las herramientas más eficaces para moldear el debate público sin necesidad de cerrar un solo medio, prohibir una sola palabra ni encarcelar a un solo periodista.

Los métodos fueron cambiando con los años. La lógica, no tanto.

Hubo épocas de pauta obscena y descarada. Otras más sofisticadas: contratos indirectos, productoras amigas, campañas tercerizadas, agencias intermediarias, convenios invisibles, fondos reservados y estructuras paralelas imposibles de auditar con claridad.

Es cierto que el actual gobierno redujo drásticamente la pauta directa del Poder Ejecutivo nacional. Y eso representa, objetivamente, una diferencia importante respecto de etapas anteriores donde el Estado funcionaba muchas veces como un gigantesco aparato de propaganda financiado por los contribuyentes. Pero también sería ingenuo concluir que el problema quedó resuelto.

Porque mientras públicamente se proclama “pauta cero”, las empresas públicas y con participación estatal continúan manejando cifras multimillonarias con niveles de transparencia mucho más modestos que la contundencia del discurso oficial.

YPF, la petrolera de mayoría estatal, destinó durante 2025 aproximadamente $128.838 millones en publicidad y propaganda, según su propio balance financiero.

El Banco Nación gastó durante el mismo período $30.411 millones en publicidad en medios: un aumento real del 31 % respecto de 2024 y del 86 % frente a 2023.

Aerolíneas Argentinas y otras compañías bajo control estatal también mantuvieron partidas relevantes destinadas a comunicación y posicionamiento institucional.

Y después aparece la zona más opaca de todas: los fondos reservados vinculados a organismos de inteligencia. Recursos públicos sobre los cuales la sociedad prácticamente nunca conoce destinatarios, criterios ni montos reales. El problema no es únicamente cuánto se gasta.

El problema es que los ciudadanos no pueden saber con precisión quién recibe esos recursos, bajo qué criterios se distribuyen ni qué tipo de relación económica termina construyéndose entre el poder y quienes deberían ejercer control sobre él.

De hecho, tanto YPF como Banco Nación rechazaron brindar información detallada sobre la distribución específica de esos fondos publicitarios. Y ahí aparece una contradicción incómoda.

Porque la transparencia no puede ser parcial. No alcanza con reducir una parte visible del sistema mientras sobreviven mecanismos paralelos mucho menos auditables. Los argentinos pagan esa cuenta.

Pero desconocen quién cobra. Cuánto cobra. Por qué cobra. Y muchas veces también qué devuelve a cambio. Ahí empieza el verdadero problema.

Porque cuando el Estado —de manera directa o indirecta— se convierte en uno de los principales sostenes económicos de medios, periodistas, streamers, influencers o productoras, la independencia deja de ser una garantía sólida y pasa a convertirse en un equilibrio frágil.

Y alcanza con observar durante algunos meses el comportamiento del ecosistema mediático argentino para detectar patrones bastante evidentes.

Hay periodistas que cobran para denunciar y golpear. Hay periodistas que cobran para aplaudir y justificar. Y hay periodistas que cobran para hacerse los distraídos, mirar para otro lado y callar.

A veces lo más importante no es lo que se publica. Sino aquello que cuidadosamente se decide no mostrar.

La operación moderna ya no suele funcionar mediante propaganda burda. Ese modelo quedó viejo. Hoy el mecanismo es mucho más sofisticado, más psicológico y bastante más difícil de detectar para buena parte de la sociedad. Consiste en administrar indignación selectiva.

Muchos comunicadores construyen una estética de falsa independencia extremadamente eficaz. Parecen incómodos. Parecen críticos. Parecen valientes.

Te conceden una observación menor contra el poder de turno —la suficiente para preservar credibilidad— y enseguida activan el reflejo condicionado que vuelve a ordenar a la audiencia dentro de la lógica binaria de siempre.

“Sí, esto estuvo mal… pero los otros fueron peores.” “Sí, hay contradicciones… pero cuidado con quién critica.” “Sí, puede haber irregularidades… pero enfrente está el abismo.”

Entonces la conversación deja de girar alrededor de los hechos y empieza a girar alrededor del miedo. Y ahí aparece uno de los negocios más rentables de la política contemporánea: la administración emocional de la grieta. Porque mientras la sociedad viva aterrada por “los otros”, casi cualquier contradicción propia encuentra justificación.

No importa demasiado qué hace el poder. Importa sostener la sensación de amenaza permanente. Así funciona buena parte del sistema.

No se informa: se alinean audiencias. No se debate: se administran emociones. No se construyen ciudadanos críticos: se construyen consumidores de trincheras narrativas.

Y en el medio quedan atrapados millones de argentinos obligados a elegir, una y otra vez, entre “la salvación” o “el desastre”, como si no pudiera existir ninguna mirada crítica por fuera de los extremos que dominan la conversación pública.

Por eso los periodistas verdaderamente independientes suelen convertirse en excepciones incómodas dentro del sistema. Las rara avis.

Porque quien depende económicamente del poder —del Estado, de empresarios vinculados al Estado, de operadores políticos o de estructuras financiadas indirectamente por el poder— tarde o temprano termina condicionado.

A veces de manera explícita. Y otras veces, mucho peor: de manera invisible. La dependencia económica no siempre compra obediencia absoluta. A veces alcanza apenas con instalar límites tácitos.

Temas que conviene no tocar. Nombres que es mejor no investigar. Preguntas que jamás deberían formularse. O enemigos que necesitan seguir existiendo para sostener determinadas alianzas políticas, comerciales y editoriales.

Las democracias no suelen deteriorarse solamente cuando aparece la censura. A veces también se degradan cuando la crítica se vuelve económicamente inviable.

Y por eso la discusión de fondo no debería limitarse únicamente a la consigna marketinera de “pauta cero”. El debate real es bastante más profundo.

La pregunta es si puede existir una prensa genuinamente independiente mientras el poder político conserve mecanismos —directos o indirectos— para financiar, disciplinar o condicionar a quienes deberían controlarlo. Ese problema, además, no pertenece a un solo gobierno.

Ocurrió durante el kirchnerismo. Ocurrió durante el macrismo. Y sigue existiendo hoy, aunque adopte nuevas formas discursivas.

Por eso probablemente la Argentina necesite discutir algo más estructural: un sistema donde toda publicidad estatal —incluyendo empresas públicas y organismos con fondos reservados— quede sometida a reglas estrictas de transparencia, trazabilidad y control institucional independiente.

Existen modelos internacionales que intentan reducir precisamente ese margen de discrecionalidad.

En el Reino Unido, el Government Communication Service funciona como una estructura profesional centralizada donde las campañas deben justificar objetivos concretos, atraviesan auditorías externas y tienen prohibido transformarse en propaganda partidaria.

En Uruguay, la URSEC obliga a publicar criterios de distribución, montos y destinatarios, además de establecer mecanismos relativamente autónomos respecto del gobierno de turno.

Argentina podría discutir seriamente esquemas similares. Sistemas donde solo se autoricen campañas de verdadero interés público —salud, educación, seguridad, emergencias— y donde cada contratación responda exclusivamente a criterios objetivos y verificables: audiencia real, alcance federal, costo-eficiencia y transparencia absoluta.

Nunca afinidad ideológica. Nunca obediencia política. Nunca cercanía editorial. Cada contrato, cada transferencia y cada destinatario deberían poder ser auditados en tiempo real por cualquier ciudadano.

Porque la transparencia parcial también puede convertirse en una forma sofisticada de opacidad. Y porque una democracia madura no debería depender de relaciones económicas invisibles entre el poder político y quienes tienen la responsabilidad de investigarlo.

En los últimos meses, además, comenzaron a aparecer otros síntomas preocupantes: restricciones crecientes para periodistas acreditados en Casa Rosada, limitaciones de acceso, tensiones permanentes con la prensa y un clima cada vez más hostil hacia cualquier voz crítica.

Nada de eso constituye todavía censura formal. Pero las democracias rara vez se deterioran de golpe. Normalmente empiezan naturalizando pequeñas excepciones.

Primero se desacredita al periodismo. Después se condiciona económicamente. Más tarde se limita el acceso. Y finalmente la sociedad termina aceptando como normal lo que antes hubiera considerado inadmisible.

La libertad de expresión no se defiende solamente permitiendo hablar. También se defiende evitando que el poder compre silencios, administre relatos o condicione económicamente a quienes deberían ejercer el rol de contrapeso.

Los argentinos merecen saber quién informa, quién financia y cuáles son los intereses que muchas veces operan detrás de ciertas indignaciones cuidadosamente administradas.

Porque cuando la verdad empieza a depender del flujo de dinero, la libertad deja de ser completamente libre.