Rosario de Lerma: Condenan a un hombre que adquirió monturas sustraídas de una finca rural
La investigación se inició tras la denuncia por la sustracción de elementos de uso rural de una habitación utilizada como monturero en Finca El Juncal, donde autores desconocidos habrían ingresado tras violentar una ventana y sustrajeron riendas, bozales, lazos y otros elementos.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de revisión de la investigación en la que, con el acuerdo de las partes y la confesión del acusado, se resolvió la realización de un juicio abreviado para un hombre acusado del delito de encubrimiento.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada cuando un vecino de la zona de Finca El Juncal advirtió la sustracción de diversos elementos de uso rural que se encontraban en una habitación utilizada como monturero.
Según se estableció, autores desconocidos habrían ingresado al lugar tras violentar una ventana asegurada con un chapón, desde donde sustrajeron riendas, bozales, lazos, una tijera de tusar y otros elementos vinculados a la actividad rural.
Posteriormente, y a partir de las tareas investigativas realizadas por personal policial, se llevaron a cabo requisas y procedimientos en distintos domicilios de la zona, donde se logró el secuestro de parte de los elementos denunciados como sustraídos. Asimismo, se individualizó a personas presuntamente vinculadas con la tenencia y/o comercialización de los bienes, lo que permitió avanzar en la causa.
En ese contexto, uno de los imputados, quien fue asistido por la defensa oficial, reconoció su participación en los hechos y se estableció que habría tenido en su poder y dispuesto de parte de los elementos sustraídos, los cuales fueron adquiridos o recibidos a sabiendas de su origen ilícito. De esta manera, su conducta fue encuadrada en la figura de encubrimiento, lo que permitió arribar a un acuerdo de juicio abreviado.
En tanto, las otras dos personas involucradas se encuentran declaradas en rebeldía, por lo que la investigación respecto de ellas continúa vigente hasta tanto sean localizadas y puestas a derecho.
Finalmente, la doctora Gabriela González, de Sala de Juicio, intervino en la audiencia y homologó el acuerdo alcanzado, disponiendo la aplicación de una pena de un año de prisión de ejecución condicional.
