La CIJ impide a Nicaragua extender su plataforma continental en una disputa con Colombia
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló hoy que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima, en el marco de una disputa que mantiene con Colombia.
«Por 13 votos a 4 se rechaza la petición de la República de Nicaragua», dijo la jueza Joan E. Donoghue, presidenta del tribunal de Naciones Unidas con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
«Gran victoria para Colombia. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago», reaccionó de forma rápida el presidente colombiano, Gustavo Petro, en Twitter.
Nicaragua presentó una demanda en 2013 ante la CIJ con el objetivo de extender su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional.
Se trata de un área marítima rica en recursos naturales y con gran abundancia de peces, consignó la agencia de noticias AFP.
Sin embargo, esa extensión supone solaparse con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Un fallo de la CIJ de 2012 reafirmó la soberanía colombiana sobre esas islas, situadas a unos 110 kilómetros de la costa nicaragüense, al tiempo que otorgó a Managua una mayor extensión de sus zonas marítimas.
En ese marco, Nicaragua sostiene que tanto el derecho consuetudinario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar ofrecen una cobertura legal a su demanda.
Pero Colombia, que no ratificó dicha Convención, argumenta que el país centroamericano «no demostró científicamente que tiene una plataforma continental» que se extiende más allá de 200 millas.
El litigio por este preciado espacio se remonta a 1928, cuando ambos países firmaron un tratado que reconocía la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés.
Managua, que desconoce la validez del acuerdo, presentó una primera demanda ante la CIJ en 2001, resuelta en 2012 cuando el tribunal le otorgó una área de aproximadamente 75.000 km2 en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
De esa forma, el fallo dejó a esas islas colombianas rodeadas de aguas territoriales nicaragüenses, una situación que derivó en otra disputa por la presencia de navíos colombianos en la zona.
A raíz del dictamen de 2012, el gobierno colombiano se retiró del Pacto de Bogotá, un instrumento que precisamente reconoce la jurisdicción de la CIJ para este tipo de controversias.
En 2013, Nicaragua presentó otra demanda ante la CIJ para exigir que Colombia se abstuviera de violar los espacios marítimos.
Bogotá contrademandó a su vez a Managua por afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.
La corte dictaminó en abril de 2022 que Colombia había violado «los derechos soberanos y jurisdiccionales» de Nicaragua.
