Extrajudicial: el Gobierno intenta cerrar causas con plata y abogados propios

El Gobierno del presidente Javier Milei operó, en varias oportunidades, bajo un operativo de contención que no hace más que buscar la neutralización de diversas causas judiciales mediante acuerdos por fuera del ámbito del Poder Judicial.

Esta suerte de operativo despegue tiene como objetivo evitar que los procesos por corrupción avancen en la Justicia, hecho altamente sugestivo si se tratara de funcionarios inocentes de los delitos por los que son señalados.

El primer ejemplo de ello puede observarse en la causa por el criptoescándalo $LIBRA, en donde la estrategia se centró en la reparación hacia los damnificados por la caída abrupta del memecoin.

Con esto lo que se buscó fue extinguir la acción penal mediante la satisfacción de un reclamo de dinero perdido (por el que quienes compraron la cripto se sintieron estafados) permitiendo resguardar a Milei de mayores investigaciones.

Dicho sea de paso, el presidente aún no pudo contestar de dónde sacó el enlace de compra y la dirección del contrato de la moneda en la blockchain que publicó el 14 de febrero del 2025 en su cuenta de la red social X.

Algo similar ocurrió en el marco de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde el operativo despegue intentó correr del medio de las acusaciones a nada menos que la secretaria General de Presidencia Karina Milei.

El actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, fue el encargado de ofrecer un equipo de abogados especializados al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, con la instrucción de diseñar una estrategia que desvincule totalmente a Karina Milei de cualquier responsabilidad.

Con ello, lo que buscaba el Gobierno, era evitar que Spagnuolo vinculara a la hermana del presidente en uno de los casos de corrupción más graves e importantes de la gestión Milei.

Pero la cuestión no quedó allí, ya que en la causa por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni el patrón de intervenciones por fuera de la Justicia continuó.

A través de comunicaciones que quedaron registradas en chats, se comprobó que al contratista que remodeló las casa de Indio Cua y el departamento de Caballito de Adorni le ofrecieron asistencia jurídica con el equipo del ex vocero presidencial.

Hay, además, una llamada que duró tres minutos. Si bien su contenido permanece bajo reserva, refuerza la idea de una gestión con el fin de alinear testimonios y asegurar que el proceso judicial no derive en complicaciones contra Adorni.

En los tres casos, los intentos por llegar a un acuerdo extrajudicial fracasaron. Ni los damnificados de $LIBRA quisieron una reparación, ni Spagnuolo ni el contratista aceptaron la oferta de ser representados por abogados relacionados al Gobierno de turno.

Pero ello exhibe un patrón en el que el Gobierno, o mejor dicho, los principales funcionarios, aquellos que están en las altas esferas del poder, no buscan demostrar su inocencia en la justicia, sino llegar a acuerdos que les permita despegarse de las causas.

El gobierno sostiene que estas acciones son gestos de apoyo para que los implicados cuenten con las herramientas necesarias para ratificar su falta de culpabilidad ante la ley.

No obstante, los movimientos son obvios y de allí se desprende la mayor de las incógnitas: ¿Quién, en calidad de inocente, moviliza todo un aparato para que caigan las acusaciones en vez de demostrar que está libre de culpa y cargo?

Ello es, cuanto menos, sugestivo.