EL PODER DETRÁS DE NUBICOM: MILLONES DE DÓLARES, VÍNCULOS CON GOBIERNOS Y UNA TRAMA QUE PUEDE SACUDIR A SALTA

Contratos millonarios con el Estado, conexiones con funcionarios y exgobernadores, interrogantes sobre el origen de los fondos y presuntos vínculos con el entorno de la familia Urtubey. La empresa salteña Nubicom S.R.L. vuelve a quedar bajo la lupa por su vertiginoso crecimiento, sus negocios en Paraguay y las denuncias de competencia desleal contra las pequeñas y medianas empresas de telecomunicaciones del interior. El caso ya tiene una presentación ante la Justicia y plantea una pregunta central: ¿quiénes están realmente detrás de uno de los negocios tecnológicos más cuestionados de Salta?
Una empresa que nació con un capital social de apenas $350.000 y que, en pocos años, logró posicionarse como protagonista de millonarios contratos estatales en dólares. Una expansión empresarial que despertó interrogantes en el ámbito político, empresarial y periodístico, y que ahora vuelve a cobrar relevancia a partir de nuevas denuncias, cuestionamientos sobre sus vínculos con el poder y las ramificaciones internacionales de sus negocios.
El nombre de Nubicom S.R.L. aparece desde hace años asociado a contratos estratégicos del Gobierno de Salta, particularmente al sistema de videovigilancia del 911. Sin embargo, detrás de esa relación comercial con el Estado se acumulan preguntas sobre las condiciones de contratación, el financiamiento de su crecimiento, la utilización de infraestructura pública y las ventajas competitivas frente a los operadores privados del interior provincial.
La controversia ya no se limita a una discusión empresarial. Existe una presentación ante la Justicia y el caso vuelve a poner en discusión las relaciones entre el poder político, los negocios privados y la administración de recursos públicos.
UN CRECIMIENTO EMPRESARIAL QUE DESPERTÓ SOSPECHAS
Nubicom fue constituida en febrero de 2014 por Emanuel Eduardo Salinas y Paola Salinas, con un capital social inicial de $350.000.
En pocos años, la firma comenzó a desarrollar infraestructura de fibra óptica, enlaces de conectividad en zonas de alta montaña, servicios para el sector minero y una importante expansión comercial.
Ese crecimiento despertó interrogantes que fueron recogidos por distintos medios periodísticos de Salta y del país.
La pregunta que atraviesa buena parte de esas investigaciones es cómo una sociedad que comenzó con un capital relativamente reducido consiguió alcanzar semejante capacidad de inversión en un período tan corto.
Las publicaciones también plantearon interrogantes sobre posibles inversores, socios y vinculaciones con sectores del poder político provincial.
En ese contexto, aparecen referencias a funcionarios, exfuncionarios y figuras vinculadas a distintas administraciones provinciales, incluyendo los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz.
El dossier también incorpora referencias a presuntos vínculos con personas del entorno de la familia Urtubey, entre ellas una exnuera de esa familia, y menciona una posible conexión con INTEO. Se trata de una línea que requiere documentación societaria y contractual específica para determinar la naturaleza de esos vínculos y su eventual incidencia en los negocios investigados.
No se trata de dar por probadas responsabilidades personales, sino de establecer quiénes participaron, qué relaciones comerciales existieron y si hubo beneficios derivados de decisiones estatales.
EL 911: EL NEGOCIO MILLONARIO QUE CAMBIÓ LA ESCALA DE LA EMPRESA
Uno de los capítulos centrales de la historia está relacionado con los contratos de conectividad y mantenimiento del sistema de videovigilancia 911 de Salta.
Según los antecedentes periodísticos citados en el dossier, durante el período 2017-2018 Nubicom obtuvo un contrato de conectividad por aproximadamente USD 266.200 mensuales.
Posteriormente, en marzo de 2020, durante la gestión de Gustavo Sáenz, se produjo una nueva contratación vinculada al mantenimiento del sistema, por aproximadamente USD 172.000 mensuales.
La suma de ambos conceptos representaba alrededor de USD 440.000 mensuales.
La magnitud de esos contratos obliga a revisar las condiciones de adjudicación, los mecanismos de actualización, los controles sobre las prestaciones y el impacto que tuvieron en las finanzas provinciales.
También vuelve a aparecer una controversia que tuvo repercusión nacional: la licitación de 2022.
Según publicó Letra P, la empresa competidora Decoteve, vinculada a Express Telecomunicaciones, habría presentado una propuesta que representaba un ahorro cercano a USD 10 millones para el Estado.
Sin embargo, el proceso terminó rodeado de cuestionamientos administrativos y políticos sobre las condiciones de evaluación de las ofertas y la continuidad de Nubicom.
La pregunta sigue vigente: ¿por qué una propuesta económicamente más conveniente no terminó imponiéndose?
LA DENUNCIA QUE GOLPEA AL INTERIOR: ¿INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA NEGOCIOS PRIVADOS?
El capítulo que más preocupa a los pequeños y medianos empresarios de telecomunicaciones es la presunta utilización de infraestructura desplegada mediante contratos públicos para desarrollar negocios comerciales privados.
En numerosos municipios del interior salteño existen cableoperadores y proveedores de internet que llevan años invirtiendo recursos propios para garantizar conectividad.
Esas empresas deben afrontar costos de fibra óptica, equipamiento, mantenimiento, licencias, permisos municipales, tasas y alquileres por utilización de postes.
La denuncia sectorial apunta a una posible desigualdad estructural: mientras los operadores locales financian sus redes con capital privado, Nubicom habría podido aprovechar infraestructura y despliegues vinculados a contratos estatales para ampliar su presencia comercial.
Si se confirma que tendidos financiados con recursos públicos fueron utilizados también para prestar servicios privados sin una separación técnica, contractual y contable adecuada, estaríamos frente a un problema de enorme gravedad institucional.
No solamente por el eventual beneficio económico para una empresa, sino por el perjuicio que podría ocasionar a otros prestadores que compiten bajo condiciones económicas diferentes.
Los empresarios del sector plantean interrogantes sobre permisos municipales, utilización del espacio aéreo, autorizaciones de obra y condiciones de ingreso a distintas localidades.
El problema de fondo es sencillo: las reglas deben ser iguales para todos.
Una empresa que recibe contratos públicos no puede obtener ventajas indebidas frente a competidores que deben afrontar todos sus costos sin respaldo estatal.
LOS VÍNCULOS POLÍTICOS: UNA PREGUNTA QUE NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA
El crecimiento de Nubicom también obliga a revisar sus relaciones con distintos sectores del poder provincial.
Las investigaciones periodísticas realizadas durante los últimos años mencionaron conexiones y sospechas sobre posibles intereses compartidos con funcionarios y exfuncionarios de distintas gestiones.
En ese mapa aparecen referencias al entorno de los gobiernos de Juan Manuel Urtubey y Gustavo Sáenz, además de nombres vinculados a las áreas políticas y administrativas que intervinieron en las contrataciones públicas.
El dossier incorpora, además, una línea de investigación sobre presuntos vínculos con integrantes del entorno familiar de Urtubey y una exnuera de esa familia, en relación con INTEO.
Es fundamental establecer documentalmente qué participación tuvo cada persona, si existieron relaciones societarias, comerciales o contractuales y si alguna de ellas intervino en decisiones relacionadas con los negocios de Nubicom.
La existencia de relaciones personales o políticas no constituye por sí misma una irregularidad. Pero cuando se trata de contratos financiados con dinero público, la transparencia debe ser absoluta.
La ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes participan de los negocios, quiénes toman las decisiones y bajo qué condiciones se utilizan los recursos del Estado.
PARAGUAY: EL CAPÍTULO INTERNACIONAL QUE SUMA MÁS INTERROGANTES
La expansión de Nubicom también cruzó las fronteras argentinas y llegó a Paraguay, donde la empresa quedó involucrada en una fuerte controversia por el proceso de adjudicación de una licencia vinculada al desarrollo de tecnología 5G.
En agosto de 2025, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay (Conatel) preadjudicó una licencia a la firma.
El procedimiento fue cuestionado por los requisitos de solvencia técnica y la acreditación de la cantidad de abonados exigida por el pliego.
Posteriormente, la Contraloría General de la República de Paraguay realizó observaciones sobre el proceso y cuestionó las condiciones bajo las cuales se había habilitado la oferta.
Otro de los puntos que despertó atención fue la estructura financiera de la filial paraguaya, identificada como Ucel Nubicom, y el ingreso de capitales vinculados a una alianza empresarial con el grupo itti/Ueno Bank.
Las publicaciones de medios paraguayos también plantearon interrogantes sobre las relaciones comerciales y financieras involucradas.
A ello se sumaron cuestionamientos posteriores sobre la ejecución del proyecto, la instalación de infraestructura y la cantidad de clientes activos.
El capítulo paraguayo resulta especialmente relevante porque permite analizar el comportamiento de la compañía fuera de su principal mercado y bajo organismos de control de otro país.
UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL Y MUCHAS PREGUNTAS PENDIENTES
La existencia de una presentación ante la Justicia le agrega una dimensión institucional al caso.
Ahora será fundamental conocer qué hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, qué documentación fue acompañada y cuáles son las medidas que eventualmente podrían solicitarse para esclarecer las operaciones cuestionadas.
Entre los puntos que merecen especial atención aparecen:
El origen y la trazabilidad de los fondos utilizados para financiar la expansión de la empresa.
Los contratos celebrados con el Gobierno de Salta y sus mecanismos de adjudicación.
La eventual utilización comercial de infraestructura financiada con recursos públicos.
Las autorizaciones municipales para desplegar redes en el interior provincial.
Los vínculos societarios, comerciales y financieros con terceros.
Las relaciones que pudieran existir con funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a anteriores administraciones.
Las operaciones internacionales y la estructura financiera de su filial paraguaya.
También resulta necesario que el Ejecutivo provincial informe qué controles realizó sobre las prestaciones contratadas y si existe una auditoría que permita determinar qué infraestructura fue financiada con dinero público y cuál corresponde a inversiones privadas.
EL INTERROGANTE FINAL: ¿QUIÉN CONTROLA A QUIÉN?
Nubicom no es solamente una empresa de telecomunicaciones. Por el volumen de los contratos que aparecen en las investigaciones periodísticas, por su expansión territorial y por las controversias que se acumularon en torno a sus negocios, se convirtió en un asunto que exige explicaciones públicas.
El Estado tiene la obligación de garantizar que cada peso de los contribuyentes sea utilizado correctamente. También debe proteger la competencia y evitar que las relaciones con el poder se conviertan en una ventaja para determinados grupos económicos.
Los pequeños y medianos proveedores de internet del interior no pueden quedar condenados a competir en condiciones desiguales frente a empresas que reciben contratos millonarios del propio Estado.
La Justicia deberá determinar si detrás de las denuncias existen irregularidades y quiénes podrían tener responsabilidades. Mientras tanto, las preguntas siguen abiertas.
¿Cómo se financió el crecimiento de Nubicom? ¿Quiénes fueron sus verdaderos socios e inversores? ¿Qué funcionarios intervinieron en sus contratos? ¿Existieron beneficios derivados de relaciones políticas? ¿Se utilizó infraestructura pública para desarrollar negocios privados? ¿Qué conexiones empresariales existen con el entorno de la familia Urtubey y con INTEO?
En Salta, los negocios que involucran millones de dólares de recursos públicos no pueden quedar bajo un manto de silencio.
La pregunta ya no es solamente cómo creció Nubicom. La pregunta es quiénes hicieron posible ese crecimiento, quiénes se beneficiaron y si todo se hizo dentro de la ley.