Denuncias sobre el Fideicomiso de Conectividad apuntan contra Alfredo Cornejo por corrupción.
El texto, de fuerte tono crítico hacia la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, sostiene que el esquema diseñado para impulsar la conectividad terminó convirtiéndose en una estructura costosa para el Estado y presuntamente beneficiosa para un reducido grupo de funcionarios y empresas vinculadas al poder político.
Según los cuestionamientos, el Fideicomiso para la Conectividad fue presentado como una herramienta para reducir costos en la contratación de servicios de telecomunicaciones y expandir el acceso a internet en distintos puntos de Mendoza.
Entre los ejemplos mencionados aparecen localidades como Corralitos, Rodeo de la Cruz y Rodeo del Medio, donde numerosos vecinos y desarrollos inmobiliarios privados habrían debido recurrir a servicios satelitales para acceder a conexiones de mayor calidad.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la estructura de administración del fideicomiso. Los críticos sostienen que funcionarios provinciales habrían asumido simultáneamente responsabilidades dentro del esquema fiduciario, percibiendo remuneraciones adicionales a las que reciben como empleados públicos.
De acuerdo con la información oficial, el Gobierno de Mendoza actúa como fideicomitente, mientras que la administración fiduciaria se encuentra a cargo de Mendoza Fiduciaria S.A., dentro del marco establecido por la Ley Provincial 9477.
No obstante, los denunciantes consideran que el mecanismo generó una estructura burocrática paralela que incrementó costos en lugar de reducirlos. Las críticas también alcanzan a Necta S.A., empresa tecnológica que trabaja en proyectos vinculados a infraestructura digital, conectividad y desarrollo de software.
Según el texto, la creación y expansión de esta compañía habría servido para concentrar funciones de control y supervisión que anteriormente podían realizarse desde organismos estatales.
Los denunciantes afirman que Necta terminó ocupando un papel central en la fiscalización de contratos y servicios vinculados al fideicomiso, generando interrogantes sobre la transparencia de algunos procesos licitatorios.
Otro de los puntos más sensibles está relacionado con presuntas irregularidades en adjudicaciones de servicios tecnológicos. El documento sostiene que determinadas empresas habrían recibido beneficios estatales, financiamiento o contratos pese a contar con escasos antecedentes en el sector.
También menciona cuestionamientos públicos surgidos en torno a distintos procesos licitatorios relacionados con conectividad y videovigilancia, algunos de los cuales fueron objeto de controversias mediáticas y reclamos de competidores del mercado.
Las críticas apuntan a que empresas con trayectoria en telecomunicaciones habrían manifestado su preocupación por la falta de previsibilidad y transparencia en determinadas contrataciones.
El texto también desliza sospechas respecto de la evolución patrimonial de algunas personas vinculadas a estos organismos.
Los autores sugieren que ciertos funcionarios y directivos habrían realizado inversiones inmobiliarias y financieras incompatibles con sus ingresos históricos como empleados públicos.
Uno de los aspectos más polémicos de la denuncia es la hipótesis de una eventual privatización de Necta S.A. Según los cuestionamientos, la empresa podría convertirse en un activo estratégico financiado inicialmente con recursos públicos para luego ser transferido al sector privado.
Los autores consideran que ese escenario permitiría que grupos cercanos al poder político obtuvieran beneficios económicos significativos a partir de una estructura desarrollada con fondos estatales.
Finalmente, el documento concluye reclamando una revisión integral de los fideicomisos públicos de Mendoza y de los mecanismos utilizados para financiar proyectos tecnológicos.
Los denunciantes sostienen que existen inconsistencias económicas que deberían ser analizadas por organismos de control y auditoría, y reclaman una mayor transparencia en la administración de fondos vinculados a conectividad, infraestructura digital y desarrollo tecnológico.

