AGUAS BLANCAS Y SALVADOR MAZZA VAN A LA JUSTICIA CONTRA ARCA POR LAS NUEVAS RESTRICCIONES ADUANERAS
Los municipios presentaron una acción de amparo colectivo y solicitaron una medida cautelar para frenar la aplicación de la Resolución General 5910/2026. Advierten sobre el impacto que las nuevas disposiciones podrían tener en el comercio, el empleo y la economía de las localidades fronterizas.
Los municipios de Aguas Blancas y Salvador Mazza impulsan una acción judicial contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de cuestionar la Resolución General 5910/2026 y solicitar que se suspenda su aplicación en los pasos fronterizos de la región.
La presentación fue realizada por el abogado Adrián Alejandro Albornoz, en representación del municipio de Aguas Blancas y como patrocinante letrado de la Municipalidad de Salvador Mazza.
A través de la acción de amparo colectivo, ambas administraciones locales solicitan que la Justicia Federal declare la inconstitucionalidad de la normativa y disponga una medida cautelar de no innovar con efecto suspensivo.
¿Cuál es el reclamo?
Según los fundamentos expuestos en la presentación judicial, las nuevas disposiciones establecen límites al valor de las mercaderías que pueden egresar del país bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo, prohíben el egreso de determinados granos y restringen el paso de productos acondicionados en envases de 10 kilogramos o más.
Los municipios sostienen que estas medidas podrían afectar seriamente la actividad comercial, el empleo y los ingresos de numerosas familias que dependen de la dinámica económica de la frontera entre Argentina y Bolivia.
El planteo también cuestiona las facultades de ARCA para establecer determinadas restricciones y advierte sobre un posible exceso reglamentario, al considerar que las medidas deberían respetar las competencias previstas en el Código Aduanero y el marco constitucional vigente.
Una economía fronteriza bajo presión
La presentación pone el foco en la realidad social y económica de Aguas Blancas y Salvador Mazza, donde el intercambio comercial fronterizo constituye una actividad central para numerosos comerciantes, transportistas, estibadores y trabajadores.
En ese contexto, los municipios argumentan que las restricciones podrían profundizar las dificultades económicas de la región y reclaman que se contemple la particular situación de las poblaciones fronterizas.
La acción invoca, entre otros fundamentos, el derecho al trabajo, el principio de razonabilidad, la autonomía municipal y la protección de los derechos de incidencia colectiva.
Ahora, la decisión queda en manos de la Justicia Federal.
El objetivo de la presentación es conseguir la suspensión de las medidas cuestionadas y restablecer las condiciones operativas que, según los municipios, regían anteriormente bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo.
El planteo abre un nuevo capítulo en la discusión sobre los controles aduaneros, la actividad comercial y el impacto de las políticas nacionales en las economías del norte salteño.
