Venta de plasma: El médico Martín de la Arena, fue imputado por el delito de tentativa de fraude a la administración pública.
No se descartan nuevas imputaciones de parte de la fiscalía.
El médico salteño imputado en la causa por la supuesta venta de plasma se abstuvo de declarar
Se trata del médico Martín de la Arena, quien se presentó hoy a la audiencia de imputación asistido por un abogado defensor particular y se abstuvo de declarar, tras lo que pidió hacerlo por escrito.
El fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, imputó al profesional por el delito de tentativa de fraude a la administración pública en dos hechos, en concurso real, en carácter de autor y en perjuicio del Estado Provincial.
El acusado cuenta con un plazo de cinco días hábiles para presentar su declaración, detallaron los voceros.
En el decreto de imputación constan las medidas realizadas en el marco de la investigación, entre las cuales se encuentran las diferentes declaraciones testimoniales tomadas a funcionarias y funcionarios, además de los informes y documentación brindados por organismos nacionales y provinciales.
Para avanzar, se tuvo en cuenta que el imputado, en su condición de socio gerente de la empresa Hemosalta SRL, dedicada a la realización de servicio transfusional hospitalario, y siendo prestador de la obra social provincial Instituto Provincial de Seguros de la Salud de Salta (IPS), habría solicitado en dos oportunidades el pago de una práctica de transfusión de PCC-plasma (plasmaféresis) por un valor mayor al código nomenclado.
La primera presentación fue rechazada por la obra social, porque pretendía el pago de $69.000, y asimilaba la práctica como la de plaquetoferésis, y posteriormente solicitó, a través de una nota a sanatorios y clínicas privadas, el cobro de $30.000 a los pacientes, monto que luego debería ser reintegrado por IPS.
Los voceros indicaron que De la Arena realizó todo esto sabiendo que, al no haber una resolución ministerial al respecto, no se estaba cobrando la entrega de las unidades de plasma de convaleciente para pacientes con coronavirus, y que, por orden del Ministerio de Salud Pública, el Centro de Hemoterapia entregaría las unidades de plasma en forma gratuita a los nosocomios autorizados.
Asimismo, consta en el decreto que el acusado no llegó a consumar su acto delictivo por cuestiones ajenas a su voluntad, ya que el IPS rechazó sus pedidos, y le indicó el código correspondiente a transfusión de plasma, cuyo valor en nomenclador IPS es de $4.607,88.
La Fiscalía consideró además que, en este caso, el ardid desplegado consistió en intentar que el IPS realizara el pago de una prestación distinta a la que realmente se estaba llevando a cabo.
De esa manera, la obra social, en caso de ser engañada, hubiera desembolsado un monto significativamente superior al que verdaderamente correspondía.
La investigación penal inició el fin de semana pasado, a partir de la noticia criminis, en función de una publicación que daba cuenta del supuesto cobro de $30.000 por la transfusión de plasma.