Salta, «lesa humanidad». Piden penas de entre 10 y 20 años para ex jefes policiales.
Asesinato de Calixto Zalazar.
Fuentes del Ministerio Público Federal informaron que Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de esa provincia condene a Virtom Modesto Mendíaz, Joaquín Guil, Roberto Arredes y José Manuel Reinoso en calidad de coautores mediatos de los delitos de privación ilegal de la libertad, los tormentos y el homicidio de Zalazar.
Zalazar fue secuestrado por policías, torturado y asesinado en la comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, en septiembre de 1976.
Al solicitar las condenas, Amad resaltó la “discrecionalidad” con la que actuaron los acusados y la “cobertura de impunidad” provista, que eran parte “del esquema represor” impuesto desde el Estado.
Con respecto a Mendíaz, quien fue jefe de la Policía provincial al momento de los hechos, el fiscal solicitó una pena de 10 años de prisión, mientras que para Guil -quien se desempeñaba como Director de Seguridad en la misma fuerza- requirió 15 años de prisión.
En tanto, para Arredes, quien estaba al frente de la Dirección de Personal de la Policía, y Reinoso, como ex jefe de la comisaría Cuarta, requirió las penas de 18 y 20 años de prisión respectivamente.
La acusación fue formalizada ante el Tribunal Oral Federal 1, presidido por Marta Liliana Snopek e integrado por Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz, con Gabriela Catalano en calidad de cuarta jueza.
Amad describió el hecho, señaló las pruebas reunidas y presentadas en el debate, y se refirió al andamiaje jurídico del caso, tarea que compartió con el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila.
Sobre el hecho, el fiscal recordó que Zalazar fue detenido ilegalmente por la policía en la vía pública, en los primeros días de septiembre de 1976, y contó que, sin ninguna orden ni motivo para su privación de la libertad, fue trasladado y alojado en la comisaría Cuarta, que en esos años funcionó como un centro clandestino de detención y tortura.
“Tuvieron que pasar 45 años de su muerte para que sus familiares pudieran asistir a este juicio y decir la verdad sobre lo sucedido”, remarcó el fiscal.
Luego, detalló que “allí, Zalazar fue torturado y muerto a golpes”, resaltó el fiscal, quien le adjudicó la autoría material del crimen a un policía de apellido Astigueta, fallecido, quien -de acuerdo con la acusación- le asestó a la víctima un fuerte culatazo en la nuca.
El fiscal señaló que, consumada la muerte, el 6 de septiembre, los mismos policías arrojaron el cuerpo de Zalazar en un terraplén de Villa Primavera, pero lo hicieron previo envolverlo con una bandera nacional y con una ametralladora en sus manos, con el único objeto de presentarlo como un “enemigo” de la sociedad, y para vincular la muerte con algún suceso ligado a la guerrilla.
Amad sostuvo que, de las pruebas presentadas en el debate, quedó claro que Zalazar no era parte de ningún grupo político, sino que era “un estibador, un changarín del matadero municipal”, y rechazó de manera tajante que representara algún peligro, aunque marcó que era conocido por la policía.
Sobre la razón de la detención de Zalazar, el fiscal sostuvo que esa decisión es una clara muestra de la discrecionalidad que tenía la fuerza policial como brazo operativo para elegir al “enemigo” de la seguridad nacional.
En tanto, para sostener el carácter de lesa humanidad de los delitos imputados, Sivila basó su exposición en el contexto histórico, la vinculación con el plan represivo, la discrecionalidad y la impunidad que surgía de la doctrina de seguridad nacional en esa época.
En este sentido, citó jurisprudencia sobre cada aspecto del caso y fallos respecto al carácter de lesa humanidad de delitos similares, algunos de los cuales fueron dictados por el mismo el tribunal de juicio.
