Pierde el pelo pero no las mañas… Karina Milei eligió la oferta más cara de una empresa ligada al “lavador profesional” del chavismo.

Ascensores Servas SA, la emblemática firma argentina, vuelve a quedar bajo la lupa luego de confirmarse que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, le adjudicó una licitación por un total de 95.546.208 pesos. 

El contrato tiene como objetivo el servicio de reparación, mantenimiento integral y la provisión de combustible para los grupos electrógenos de la Casa Rosada y otras dependencias clave del Poder Ejecutivo.

Esta decisión llama poderosamente la atención debido a que Servas no fue la opción más económica en la disputa, de hecho, la empresa se impuso a pesar de haber presentado la oferta más costosa. 

La contratación se produce en un contexto en el que constantemente se pone la lupa sobre los proveedores del Estado y la empresa logró sostenerse en la cima de la industria pese a escándalos de corrupción. 

Dirigida históricamente por José Aizpun, la firma mantuvo una continuidad de mando que atraviesa varias décadas siendo que, según se desprende del propio perfil de la empresa en Linkedin, fue fundada en 1975. 

La vigencia de Servas en el registro de proveedores estatales impacta al tener en cuenta los antecedentes que la vinculan a las polémicas exportaciones a Venezuela durante la era de los fideicomisos bilaterales. 

En tal sentido, la familia Aizpun quedó en la mira por presuntas maniobras de triangulación de fondos hacia cuentas en paraísos fiscales y el cobro de sobreprecios en equipos que, en muchos casos, quedaron inoperativos en hospitales venezolanos.

La trama de Ascensores Servas adquiere una mayor dimensión al cruzarse con la figura de José Vicente “Chente” Amparan, un bróker financiero venezolano señalado por la justicia de EEUU como un “lavador profesional”. 

Amparan habría sido una pieza clave en la ingeniería financiera que permitió a Servas desviar fondos a través de sociedades en paraísos fiscales que recibían una suerte de comisión derivada de los contratos.

Los datos sobre estos escándalos provienen principalmente de una investigación periodística internacional, liderada por la alianza entre Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Las fuentes que detallan las irregularidades incluyen filtraciones de la Unidad de Información Financiera (UIF), que revelaron movimientos millonarios de la empresa hacia paraísos fiscales tras sus ventas a Venezuela. 

Asimismo, el informe “Los Reportes Secretos” de Transparencia Venezuela expone cómo el esquema del fideicomiso bilateral permitió sobreprecios de hasta el 300% y el uso de sociedades offshore para el pago de las mencionadas comisiones.