NARCOCRIMINALES

La frontera colador

Daniela Guantay, una adolescente salteña a quien acusaban de robar droga de un quiosco de venta, se la encontró abusada y descuartizada. Los imputados controlaban una red de búnkeres marginales y, tal como lo expuso éste caso, fueron capaces de matar por unas pocas dosis. Uno de los casos que dejó sobre la mesa el contexto de marginalidad y criminalidad organizada de nuestra Provincia, eso por nombrar un sólo caso…

En Salta durante el año 2020 se detuvieron a 247 sospechosos y clausurados 115 búnkeres de ventas de drogas. Los investigadores de las fuerzas federales que sondean los alrededores de la ciudad de Tartagal en busca de lugares de acopio de contrabando de drogas aseguraron que perciben un aumento en la cantidad de bocas de expendio de drogas en el norte de Salta, lamentablemente, son conocidos los lugares donde se compra y se vende droga a adolescentes, y más lamentable aún es que aún recibiendo denuncias a través del 911 no se haga nada, pero eso es lo pequeño, la miga del pan… el NARCOMENUDEO…

Hoy por hoy se lleva adelante un juicio con nombres importantes de una organización criminal que tenía como objetivo el tráfico de cocaína de Salta a Europa: Delfín Castedo como “jefe” de una asociación ilícita, de carácter estable, con soporte estructural, división de roles y con capacidad para articular acciones destinadas a sostener el desarrollo de la actividad delictiva en el tiempo. Y a ésto hay que sumarle la perpetración de los delitos de amenazas, homicidio, tenencia de armas, cohecho, infracción a la ley de fronteras y falsificación y uso de documentos apócrifos.

Delfín Castedo, sindicado como jefe de una de las mayores organizaciones narcocriminales del norte de Salta, su hermano Raúl, su ex pareja, Melba del Carmen Araujo; los integranes de una familia de comerciantes de Salvador Mazza, Alberto Yudi, su hijo Mario Alberto y Luis Yudi, hermano del primero, integraron la asociación ilícita en calidad de miembros, siendo los principales directores Delfín Castedo, y el ex diputado provincial Ernesto Aparicio, fallecido el 10 de noviembre de 2013, y Torino, martillero público son  juzgados por el Tribunal Oral Federal N°1, por conformar una asociación ilícita y realizar maniobras de lavado de activos de origen delictivo.

Los Yudi, quienes se identificaron como una familia de comerciantes de Salvador Mazza, llegan a juicio acusados de participar de las diversas actividades dirigidas por los Castedo, quienes de acuerdo a la acusación se ocupaban principalmente de las actividades de narcotráfico. Para ello se encontraban en total armonía con los Yudi, en quienes se apoyaban económica y financieramente, con dinero proveniente de actividades ilícitas, indicó el MPF.

Con respecto a Araujo y Torino, la fiscalía sostuvo que ambos acusados fueron miembros funcionales de la organización y que tuvieron un rol particular en el lavado de activos de origen ilícito, razón por la cual se les imputó ese delito en concurso real.

Del requerimiento de juicio surge que Torino, bajo las directivas del líder de la organización, realizó diversas gestiones y actos de administración en la finca El Aybal, tendientes a alambrar el campo y dotarlo de agua desde una finca vecina, propiedad de Aparicio. El martillero realizaba demandas judiciales o denuncias, así como gestiones para contratar personal para hacer trabajos en el campo y otras vinculadas a las actividades agrícola-ganaderas. Las de carácter ilegal versaban sobre pagos o sobornos a un funcionario policial. Y en todos los casos, se indicó, el imputado lo hacía con conocimiento de las actividades ligadas al narcotráfico del resto de los acusados.

Torino, uno de los primeros en declarar, negó el tenor de ciertas escuchas telefónicas y cualquier relación con hechos vinculados al narcotráfico y otras actividades adjudicadas al clan Castedo, entre ellas amenazas, operaciones de transporte de estupefacientes y el homicidio de Liliana Ledesma, ocurrido el 21 de septiembre de 2006. Todo el tiempo se mostró como víctima de un “mal negocio” respecto a la operación inmobiliaria realizada en torno a la finca.

 

Las escuchas telefónicas de éste caso, dejaron a la deriva varios nombres políticos, importantes abogados del foro local, un fiscal, a un comisario y hasta al entonces juez de la Corte de Justicia salteña, actualmente convertido en ministro de Seguridad, pero no como denunciantes, sino que habrían tenido alguna participación o llegada a los fines delictivos del clan narcotraficante.