Nacionales. Malversación, sobornos y sobreprecios: el historial de otro contratista de Karina Milei

País generoso, siga la fiesta, con la nuestra...

Tal como viene revelando Tribuna de Periodistas, la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, viene realizando una serie de contrataciones que son altamente cuestionadas, en casos a empresas y personajes con prontuarios por hechos de corrupción.

Una nueva licitación quedó bajó la lupa de este medio, ya que la hermana del presidente Javier Milei se la adjudicó a la firma Diantech SA con el objetivo de prestar un servicio de mantenimiento, soporte y actualización del software Veeam Availability Suite Enterprise por un monto de 44.200 dólares. Se trata de una herramienta para la gestión y respaldo de datos.

Esta adjudicación vuelve a colocar en el centro de la escena a una de las empresas más polémicas (y por qué no escandalosas) de la última década en el sector informático.

Durante aquel periodo, la empresa fue señalada como la gran beneficiaria de los procesos de digitalización de documentos nacionales de identidad y pasaportes, contratos millonarios que permitieron que su patrimonio neto se multiplicara por más de mil veces en apenas diez años, saltando de unos modestos 75.000 pesos a más de 77 millones de pesos. 

Este ascenso meteórico fue objeto de duras crónicas por parte de Tribuna de Periodistas, donde se hizo referencia a la figura de Wassi exhibiendo un esquema de capitalismo de amigos, donde los pliegos de licitación parecían diseñados a medida.

El historial judicial de la firma incluye una imputación en 2014 que alcanzó no solo a Wassi, sino también a figuras de la talla del ex vicepresidente Amado Boudou y del ex titular de ANSES Diego Bossio por presunta asociación ilícita y malversación de caudales públicos. 

Si bien la causa terminó en un sobreseimiento dictado en 2017 por el juez Sergio Torres, es fundamental destacar que dicho fallo no implicó una declaración de inocencia basada en la inexistencia de los hechos, sino que se fundamentó en la insuficiencia probatoria. 

La justicia argentina, en aquel entonces, consideró que no se habían recolectado evidencias suficientes para elevar el caso a juicio oral, dejando una zona gris que aún hoy genera cuestionamientos éticos.

A esta ambigüedad se le suma el escándalo internacional de Hewlett Packard, empresa de la cual Dinatech era socia y nexo comercial en Argentina. 

Mientras la justicia local cerraba sus expedientes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmaba que HP había pagado sobornos en el país para garantizarse contratos estatales, precisamente aquellos en los que Dinatech intervenía como integrador tecnológico.

A pesar de este pasado y de haber sido descalificada en procesos más recientes por el Ministerio Público Fiscal debido a ofertas consideradas económicamente inconvenientes con sobreprecios de más del cien por ciento, la empresa logró mantenerse como proveedor del Estado.

Esta contratación por parte de la Secretaría General de la Presidencia demuestra que, más allá de los cambios de signo político y de las polémicas que acumula, además, en foros de defensa del consumidor por fallas en servicios de posventa, Dinatech conserva su estatus para ganar licitaciones millonarias.