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Nacionales. La agresión como método: Javier Milei y la insoportable degradación del debate público.

En la política, el tono importa tanto como el contenido. Las palabras no son solo vehículos de ideas: ordenan el debate público, delimitan lo decible y modelan el clima social. En ese marco, el discurso del presidente Javier Milei se ha caracterizado por una violencia verbal que, lejos de fortalecer la discusión democrática, la empobrece y la vuelve más frágil.

No se trata de desconocer el derecho —ni la necesidad— de un liderazgo con convicciones firmes. La confrontación de ideas es consustancial a la democracia. El problema surge cuando la confrontación se convierte en descalificación sistemática; cuando el adversario deja de ser un interlocutor para transformarse en un enemigo moral al que hay que ridiculizar, estigmatizar o “aplastar” retóricamente. En ese pasaje, la política abandona el terreno del argumento y entra en el de la agresión.

La violencia del discurso no es solo una cuestión de formas. Tiene efectos concretos. Naturaliza el insulto como herramienta legítima, degrada la conversación pública y legitima respuestas cada vez más extremas. Cuando desde el poder se apela de manera recurrente a metáforas bélicas, epítetos deshumanizantes o simplificaciones maniqueas, el mensaje implícito es que no hay matices ni zonas grises: solo vencedores y vencidos. Esa lógica binaria es incompatible con una sociedad plural.

 

Además, el recurso permanente a la agresión verbal suele operar como atajo: desplaza el foco de la discusión sustantiva —políticas públicas, impactos sociales, costos y beneficios— hacia el espectáculo del conflicto. El ruido reemplaza al argumento. En ese escenario, se gana visibilidad, pero se pierde profundidad. La discusión económica, institucional o social queda atrapada en una dinámica de provocación y respuesta que poco aporta a la comprensión de problemas complejos.

 

Hay, también, una dimensión institucional que no puede soslayarse. El presidente no habla solo a su electorado: habla en nombre del Estado. Su palabra tiene un peso simbólico particular. Cuando ese peso se utiliza para desacreditar de manera generalizada a opositores, periodistas, académicos o movimientos sociales, se erosiona la confianza en las mediaciones democráticas que sostienen el sistema. La crítica es legítima; la deslegitimación indiscriminada, no.

Resulta paradójico que un proyecto que se presenta como racional, orientado a la eficiencia y al orden, recurra a un registro discursivo que exacerba la crispación. La violencia verbal no ordena: desordena. No convence: polariza. No suma apoyos duraderos: consolida trincheras.

La Argentina tiene una larga historia de palabras que abrieron grietas difíciles de cerrar. Aprender de esa experiencia implica asumir que el liderazgo también se ejerce moderando, explicando y persuadiendo, no solo provocando. La firmeza no está reñida con la templanza; la claridad ideológica no exige el agravio.

En tiempos de crisis, la sociedad necesita diagnósticos rigurosos y debates honestos. La violencia en el discurso presidencial es innecesaria porque no agrega soluciones y sí multiplica tensiones. Recuperar un lenguaje político más responsable no es un gesto de debilidad: es una condición para que la democracia funcione mejor.

Editor de Política de Tribuna de Periodistas

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