Media sanción a la Ley de Emergencia en Discapacidad: respaldo legislativo y críticas del Gobierno

La Cámara de Diputados aprobó con media sanción el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa fue avalada por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Impulsada por sectores de la oposición y organizaciones sociales, busca asegurar el acceso a derechos y servicios esenciales para personas con discapacidad en un contexto marcado por recortes y demoras en los pagos.

Pese al amplio respaldo legislativo, el Poder Ejecutivo rechazó el proyecto, calificándolo de “regresivo y asistencialista”.

¿Qué propone la Ley de Emergencia en Discapacidad?

Presentada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores, la norma apunta a garantizar derechos fundamentales en salud, educación, empleo y protección social. Cuenta con dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda, y fue debatida el 4 de junio. Su aprobación ahora queda en manos del Senado.

Entre los puntos clave del proyecto se destacan:

• Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar deudas con prestadores de salud y actualizar mensualmente los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral, declarado de interés público nacional.

• Reforma del sistema de pensiones no contributivas: busca garantizar financiamiento adecuado y revisar condiciones de acceso y permanencia.

• Fortalecimiento institucional: plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías sobre la gestión de prestaciones.

• Transparencia y control: el Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las medidas adoptadas durante la emergencia.

• Compensaciones económicas: se incluyen asignaciones extraordinarias para prestadores y talleres de producción, con un impacto fiscal estimado de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI.

• Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone redefinir los lineamientos para su otorgamiento, incorporando un enfoque integral.

• Apoyo a centros de día y talleres protegidos: se asignan recursos específicos para su funcionamiento continuo.

• Cumplimiento del cupo laboral: se refuerza la obligación estatal de garantizar el 4% de empleos públicos para personas con discapacidad.

El diputado Arroyo sostuvo que “la ley tiene un impacto fiscal bajo y amplio respaldo político”. También pidió que el gobierno no la vete en caso de ser aprobada por el Senado, y recordó que deberá ser reglamentada dentro de los 30 días de su sanción.

Críticas del Gobierno

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dirigida por Diego Spagnuolo, se cuestionó el enfoque del proyecto, al que calificaron de “asistencialista” y “contrario a los estándares internacionales de inclusión”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también expresó su rechazo argumentando que no existen los recursos para financiar lo que propone la ley, y advirtió que podría ser vetada.

Posición de organizaciones y expertos

El proyecto cuenta con el respaldo de múltiples asociaciones de la sociedad civil, que participaron en una movilización frente al Congreso el pasado 29 de mayo. Denuncian recortes y demoras que afectan directamente a personas con discapacidad, y exigen una respuesta urgente.

El especialista Gustavo Fulco valoró el proyecto como “un avance”, pero advirtió que “sigue siendo insuficiente” y criticó el sistema actual por su falta de eficacia y demoras en los pagos: “Las personas con discapacidad no pueden esperar. Un tratamiento cortado o demorado puede ser fatal”.

En síntesis, la media sanción representa un paso importante para ampliar la protección de derechos en el sector, aunque la disputa con el Poder Ejecutivo deja abierta la incertidumbre sobre su aprobación definitiva.

fuente: chequeado.com