
Peleamos contra una Iglesia capaz de esconder y ocultar a comprobados abusadores, violadores y torturadores sexuales, y una Justicia que prefiere no interferir con la jerarquía católica permitiendo que los gustos sexuales del rebaño queden ocultos debajo de una sotana, sin importar el daño moral y físico a menores de edad.
En Octubre del año 2019, en Salta se llevó a cabo un allanamiento sin precedentes en el Arzobispado de Salta, por la investigación de abuso sexual en la que estaba imputado el ex sacerdote Emilio Raymundo Lamas.
Durante el allanamiento se secuestró el expediente eclesiástico del proceso canónico que debió enfrentar Lamas al interior de la Iglesia por abuso sexual con acceso carnal agravado.
Se trata de documentación que la Justicia había solicitado en reiteradas oportunidades al arzobispo de Salta, Mario Carganello, sin obtener respuesta.

Para esa fecha, Juan Carlos García (ex monaguillo que acusó a Lamas de haberlo violado en reiteradas oportunidades durante los años 1989 y 1992), sintió que por fin veía luz al final de su lucha de 25 años. Es que hasta entonces había estado repitiendo el relato de cómo había sido abusado por Lamas sin que lo escucharan. Fueron 25 años de gritos mudos, gritos que hicieron que lo expulsaran de la Iglesia «por loco».
Juan Carlos García, no fue el único denunciante, Carla Morales, una artista trans que vive en Buenos Aires, también acusó de abuso al ex sacerdote, y el expediente contiene más denuncias y relatos grabados de otras personas que fueron abusadas.
Las víctimas esperaban el veredicto de la Corte de Salta, y una prescripción presentado por su defensa, ejercida por el abogado José Fernández, golpeó nuevamente a las víctimas, decisión que no se publicó en el portal web del Poder Judicial.
Personalmente creí que la Justicia no sería capaz de repetir lo de la causa del cura José Carlos Aguilera, pero una vez más me sorprenden!!! Y no gratamente… El prebísterio y vicario judicial Loyola Pinto y de San Cristóbal comunicó que la Congregación para la Doctrina de la Fe confirmó la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia que juzgó a Emilio Lamas encontrándolo culpable y quitándole el estado clerical, pero la Justicia (y no la DIVINA) decidió prescribir la causa…
No sólo debería llegar el castigo a Lamas, sino también a quienes hicieron oídos sordos a las denuncias y a los pedidos de auxilio. García contó que en 1991, siendo menor de edad pidió ayuda a la jueza de Menores Sylvia Bustos Rallé, pero esta magistrada no accionó.

Los jueces de la Corte que votaron a favor de la prescripción fueron su presidente, Guillermo Alberto Catalano, y Sergio Fabián Vittar y las juezas Sandra Bonari, María Alejandra Gauffin y Teresa Ovejero Cornejo.
Mientras que los votos minoritarios en contra fueron de la jueza Adriana Rodríguez Faraldo y los jueces Ernesto R. Samsón, Horacio José Aguilar y Pablo López Viñals.
¿Con qué vara miden para decidir? ¿No se dan cuenta el daño social que ésto implica? ¿Pensaron en la revictimización de las víctimas? ¿Dónde quedan los Derechos Humanos? ¿Qué valor le dan a los vulnerables? ¿Y la decisión de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán al prorrogar el juicio contra el exobispo de Orán, Gustavo Oscar Zanchetta?
Para quienes no lo recuerden, Gustavo Oscar Zanchetta también fue denunciado por abuso sexual, pero Bergoglio, hizo que lo trasladaran al Vaticano para manejar la inmobiliaria de la Santa Sede.
«Sobreseimiento por prescripción»: un cachetazo a las víctimas y un aplauso de pie a la impunidad.

Continuará…