La corte de Brasil dice que hay una «violación sistemática» de derechos en las cárceles
El Supremo Tribunal Federal (TSF) de Brasil dijo hoy que existe una «violación sistemática y masiva» de los derechos de los presos en las cárceles del país y pidió al Estado tomar medidas para revertir esta situación, que calificó de «inconstitucional».
El presidente de la máxima instancia judicial brasileña, juez Luis Roberto Barroso, sugirió establecer plazos más largos para instrumentar estas medidas, al tiempo que abogó por contar, para ello, con la participación del Consejo Nacional de Justicia.
La mayoría de los magistrados han votado a favor de sacar adelante este pronunciamiento, que pide al Estado tomar medidas al respecto, tanto a nivel federal como estatal.
Una vez se apruebe un calendario nacional, los gobiernos estatales tendrán un plazo de seis meses para adoptar las medidas pertinentes, dijeron los jueces del TSF.
Posteriormente, se estima que las medidas se apliquen a nivel nacional en un plazo máximo de tres años, informó la agencia de noticias Europa Press.
Los magistrados dijeron que estos planes deben incluir medidas, como el control del hacinamiento en las prisiones mediante esfuerzos conjuntos que examinen los procesos de ejecución de sentencias.
Barroso, presidente del TSF desde el mes pasado, alertó que entre 2009 y 2019 se ha registrado un aumento de casi el 60% de la población carcelaria a causa de la reducción del espacio en las prisiones.
«El país viene experimentando un crecimiento exponencial en sus tasas de encarcelamiento y el hacinamiento compromete el funcionamiento de todos los demás servicios prestados a los presos», expuso.
Además, destacó la necesidad de que se respeten los derechos de los detenidos.
«A pesar de la gravedad de la situación narrada, las demandas de mejores condiciones en las cárceles son extremadamente impopulares entre la opinión pública», sostuvo.
Agregó que «hay cierta resistencia a la idea de que un país con recursos escasos e infinitas demandas sociales destine parte de esos recursos a personas que han entrado en conflicto con la ley, en detrimento de otros grupos vulnerables».
«Hay dos razones esenciales para prestar atención a los derechos de los presos: la primera, vinculada al respeto de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución y otros títulos. La segunda, relacionada con el impacto que tiene el sistema penitenciario en la sociedad en general», alegó.
Barroso aclaró que el tribunal busca garantizar la aplicación de la Constitución y las leyes brasileñas, que es su función.
«Es necesario dejar claro que actuamos aquí respetando la Constitución, las leyes internacionales vinculantes para Brasil y la legislación interna brasileña. Por lo tanto, no estamos ante una cuestión política, de discrecionalidad administrativa, sino frente a un tema esencialmente jurídico», concluyó.
