Internacionales. Unión Europea–Mercosur: por qué es un acuerdo de magnitud histórica

El Tratado de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en enero de 2026 tras más de veinticinco años de negociaciones intermitentes, constituye uno de los acuerdos birregionales más ambiciosos de la historia reciente. Su alcance excede ampliamente lo comercial: no se trata solo de aranceles, sino de un entramado jurídico, político y regulatorio que busca integrar dos bloques que, en conjunto, representan más de 700 millones de consumidores y cerca del 20% del PIB mundial.

El origen del acuerdo se remonta a mediados de los años noventa, en el contexto de expansión del multilateralismo y los bloques regionales. Tras avances y retrocesos, bloqueos políticos internos en Europa y resistencias sectoriales en ambos lados del Atlántico, el texto finalmente fue consensuado, revisado y ampliado, incorporando nuevos capítulos sensibles, especialmente en materia ambiental y climática.

Desde el punto de vista estructural, el tratado se apoya en tres pilares. El primero, el pilar comercial, establece una liberalización progresiva del comercio de bienes y servicios. El Mercosur se compromete a eliminar aranceles sobre más del 90% de las exportaciones europeas, lo que impacta de lleno en sectores como automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos, químicos, textiles y bebidas. A cambio, la Unión Europea abre su mercado agroalimentario mediante cuotas para productos clave del Mercosur: carne vacuna y aviar, etanol, soja y derivados, entre otros. No es una apertura irrestricta, pero sí significativa, especialmente para las economías exportadoras sudamericanas.

El tercer pilar es el de cooperación, orientado a proyectos conjuntos en investigación, innovación, transición energética, digitalización, fortalecimiento de pymes y desarrollo tecnológico. Es, en teoría, el capítulo destinado a reducir asimetrías estructurales entre ambas regiones.

A estos pilares se suman capítulos de gran peso específico. El acuerdo incorpora una protección amplia de indicaciones geográficas, beneficiando principalmente a productores europeos de alimentos y bebidas de alto valor agregado, aunque también reconoce denominaciones emblemáticas del Mercosur. Asimismo, abre por primera vez los mercados de contratación pública del bloque sudamericano a empresas europeas y liberaliza sectores de servicios, incluyendo finanzas, telecomunicaciones y transporte.

Sin embargo, detrás de esta arquitectura normativa subyace una motivación estratégica clave para Europa: asegurar el abastecimiento de materias primas críticas y energía en un contexto de creciente fragmentación geopolítica. La ruptura del vínculo energético con Rusia tras la guerra en Ucrania obligó a la Unión Europea —y especialmente a economías industriales como Alemania e Italia— a buscar proveedores alternativos de gas, energía y recursos estratégicos. En ese nuevo escenario, Sudamérica aparece como un socio estructuralmente más confiable: sin conflictos armados, con abundancia de recursos naturales y con vocación de integración comercial.

La provisión de energía y gas desde el Mercosur, y en particular desde Argentina, se vuelve un componente central del acuerdo. El desarrollo del gas natural, la infraestructura de GNL y el potencial de Vaca Muerta posicionan a la región como uno de los sustitutos más viables del gas ruso, no solo en términos económicos, sino también geopolíticos. Para Europa, diversificar su matriz energética recurriendo a Sudamérica implica reducir riesgos estratégicos y evitar nuevas dependencias inestables.

No obstante, esta necesidad europea convive con una contradicción evidente. El punto más controvertido —y potencialmente más problemático para el Mercosur— es el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible, que eleva el cumplimiento del Acuerdo de París a la categoría de “elemento esencial” del tratado. Esto implica compromisos de neutralidad climática, lucha contra la deforestación, trazabilidad completa de las cadenas productivas y un principio de “no regresión” regulatoria en materia ambiental y laboral.

Aquí emerge una arista crítica que no puede ser soslayada. La Unión Europea pretende exportar al Mercosur el mismo esquema regulatorio ambiental que hoy está asfixiando a su propio campo y a buena parte de su industria. Normativas cada vez más exigentes, costos regulatorios crecientes, restricciones productivas y una burocracia ambiental que ha provocado protestas masivas de agricultores en Francia, Alemania, Países Bajos y Europa del Este. Esas reglas, diseñadas en despachos urbanos europeos, han demostrado ser incompatibles con la competitividad del productor medio europeo.

Pretender que el agro sudamericano —más expuesto, menos subsidiado y con realidades productivas completamente distintas— absorba sin costos ese entramado regulatorio es, cuanto menos, una ingenuidad peligrosa. La exigencia de trazabilidad total y certificaciones ambientales no es neutral: implica inversiones significativas, barreras de entrada para pequeños y medianos productores y una transferencia indirecta de poder regulatorio hacia Bruselas. En los hechos, funciona como un arancel encubierto, disfrazado de sostenibilidad, que puede limitar el acceso real al mercado europeo aun cuando los aranceles formales desaparezcan.

El tratado, además, enfrenta un escenario incierto en su ratificación. La decisión del Parlamento Europeo de someterlo al análisis del Tribunal de Justicia de la UE refleja las tensiones internas que persisten, especialmente por el impacto en la agricultura europea y por la legalidad del mecanismo de aprobación parcial.

Para el Mercosur —y particularmente para países como Argentina— el acuerdo representa una oportunidad concreta de reinserción internacional, ampliación de exportaciones y acceso a mercados de alto poder adquisitivo, así como de convertirse en proveedor estratégico de alimentos, energía y materias primas en un mundo cada vez más inestable. Pero también plantea riesgos claros si no se defiende con firmeza el margen de política productiva y regulatoria de Bruselas.

Abrirse al comercio no implica aceptar sin discusión un modelo ambiental que Europa ya no logra sostener puertas adentro. El desafío no es menor: aprovechar el acuerdo sin importar acríticamente las contradicciones del modelo europeo. Porque si algo ha demostrado la experiencia reciente, es que cuando la regulación se divorcia de la realidad productiva, el resultado no es sustentabilidad, sino desindustrialización.