Internacionales, Perú. Suspenden a la fiscal general, Patricia Benavides,por acusaciones de corrupción

La Junta Nacional de Justicia de Perú suspendió por seis meses a la fiscal general, Patricia Benavides, quien es investigada por un presunto caso de tráfico de influencias y favores políticos.

«Se dispone la suspensión provisional por seis meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público», indicó la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, anoche en un comunicado.

La suspensión de Benavides busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal se desarrolle de forma normal e «impedir su obstaculización», agregó el comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció hace una semana contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general.

Benavides presentó ante el Congreso en noviembre una denuncia donde acusa a Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año.

La denuncia contra Boluarte se activó luego de que Benavides fuera acusada por una fiscal de liderar una red criminal en la cúpula de la Fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos.

La jefa de la Fiscalía ha dicho que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunos legisladores la defienden e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones

La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual Gobierno.

La acusación contra Boluarte, que puede conducir a la destitución de la presidenta, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también puede ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso.

Boluarte asumió el poder hace un año tras la destitución de Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta, por un intento del expresidente de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

Tras su llegada al poder se desataron manifestaciones en las que murieron 54 personas, incluidos seis soldados.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una veintena de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.

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