Internacionales, Perú. Justicia peruana rechaza pedido de Castillo de revisar los 36 meses de prisión preventiva.
El Poder Judicial del Perú rechazó en las últimas horas la solicitud presentada por el expresidente Pedro Castillo, para revisar el pedido de 36 meses de prisión preventiva dictado en su contra, en los casos por los que es investigado por los delitos de organización criminal. colusión y tráfico de influencias.
El magistrado Juan Carlos Checkley, del Tribunal Supremo de Investigación Preparatoria, señaló que la investigación es compleja y que habría un «riesgo de fuga y obstrucción» por parte de Castillo si es liberado.
“Declarar infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva dictada contra el imputado Pedro Castillo y, en consecuencia, declarar la procedencia de la medida de prisión preventiva por el término de 36 meses dictada por este tribunal”, señala el fallo reproducido por el medio local andino.
La defensa del exmandatario argumentó su pedido de que surgieron nuevos elementos para que se dispusiera de la libertad, “como el hecho de que no se ha acreditado haber recibido dinero de procedencia ilícita”, según informó el portal RPP.
Además, criticó la intervención de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su encarcelamiento.
A finales de febrero del año pasado, la Fiscalía de Perú solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Castillo y dos de sus ministros por presuntamente liderar una organización criminal.
El Ministerio Público atribuyó entonces al expresidente su liderazgo en una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción, entre ellos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, informó la agencia de noticias Europa Press.
En ese momento, Castillo cumplía 18 meses de prisión preventiva, como parte de las investigaciones por el presunto delito de rebelión, luego de ser detenido tras el anuncio el 7 de diciembre de 2022 de la disolución del Congreso y el establecimiento de un gobierno de excepción.
Ese hecho fue interpretado por el Parlamento como un intento de golpe de Estado, y el pleno lo destituyó inmediatamente de su cargo bajo la causa constitucional de incapacidad moral para ejercer la presidencia.
Inmediatamente asumió quien era entonces la vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que generó una ola de protestas en las calles de Lima y las principales ciudades para exigir la renuncia del Gobierno y del Legislativo y un rápido llamado a nuevas elecciones.
En total, 49 civiles murieron como consecuencia de la acción militar y policial contra esas manifestaciones, en la mayoría de los casos por disparos de bala o por lanzamiento de gases lacrimógenos.
Las muertes ascienden a 77 si se suman 28 personas que cayeron en hechos paralelos, como diez militares que se ahogaron en un río cuando presuntamente eran acosados por una turba o un policía que apareció quemado dentro de una patrulla cerca de un lugar donde hubo enfrentamientos.
