Imputada por amenazas deberá reparar el daño y realizar tareas comunitarias
El juez Ángel Amadeo Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, concedió por un año la suspensión de juicio a prueba solicitada por una mujer que había llegado a la audiencia imputada por los delitos de amenazas con arma (dos hechos) y amenazas (seis hechos), en concurso real.
El juez estableció que la reparación por los daños causados sea la ofrecida por la acusada, consistente en la donación de veinte kilos de alimento para perros para el Hospital de Salud Animal de la ciudad de Salta durante dos meses; prestación de servicio comunitario de 24 horas de consigna en una escuela de barrio Santa Cecilia, distribuidas en un lapso de seis meses.
Además, el juez le impuso a la imputada reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al control de la Secretaría de Suspensión de Juicio a Prueba; no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes; prohibición de acercarse a la víctima y a su grupo familiar y de contactarse con ellos por cualquier medio.
La denunciante refirió que su esposo mantuvo una relación sentimental con la imputada, que se desempeña como cabo de la Policía de Salta. Sostuvo que en diversas ocasiones recibió amenazas de la uniformada exigiéndole que se alejara de su pareja.
La imputada realizó llamadas telefónicas advirtiéndole que la iba a matar y que sus hijas iban a quedar huérfanas. En otras ocasiones pasó frente a ella haciendo el gesto de extraer su arma reglamentaria.
