Grave denuncia por corrupción en la ANSES: contratos irregulares y favoritismo empresarial.

En las últimas horas, una denuncia penal ingresó a la fiscalía del fiscal federal Guillermo Marijuan y fue remitida a sorteo para determinar su radicación. El expediente involucra a un grupo de funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que, según la presentación, habrían montado un entramado de corrupción y maniobras incompatibles con la función pública.

Los denunciados son Fernando Omar Bearzi, Paula Amor, Gastón Palacios, Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, todos ellos con cargos jerárquicos dentro del organismo previsional.

De comprobarse los hechos, las conductas podrían encuadrarse en los delitos de asociación ilícita (artículo 210), incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248), cohecho y corrupción (artículos 256 y 258) del Código Penal de la Nación, entre otros.

Según la denuncia, publicada por el porta Data Clave, varios de los funcionarios habrían direccionado contrataciones y licitaciones hacia empresas vinculadas o “amigas”, con el objetivo de obtener beneficios económicos personales a través de sobreprecios y retornos. Las maniobras se habrían articulado desde la Secretaría General, encabezada por Paula Amor, junto a un núcleo de colaboradores cercanos, entre los que figuran Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer y persona de confianza, Gastón Palacios.

El documento judicial detalla que Amor habría impulsado contrataciones irregulares con firmas tecnológicas, entre ellas América Virtual S.A., a la que se le habrían adjudicado contratos por montos “exorbitantes” respecto a la gestión anterior. Uno de esos convenios alcanzaría los u$s 9.000.000, cifra que, según la denuncia, “se multiplicó groseramente” en los últimos meses.

Otro de los acuerdos bajo sospecha es el firmado con SAP, que incluye licencias, consultoría y soporte por un total de u$s 19.000.000, con un adelanto de casi un millón de dólares. Asimismo, se menciona el sistema Mainframe de IBM, contratado por u$s 44.600.000, con un primer pago de u$s 7.756.000 y el resto en cuotas. En este caso, el proveedor señalado es GyL, presunto intermediario en el alquiler de servidores.

El escrito también advierte que Paula Amor buscaría controlar la Dirección de Sentencias Judiciales, desde donde se manejan los pagos millonarios por retroactivos a jubilados. Según la presentación, lo haría en conjunto con Palacios, Campo, Mikkelsen Loth y López, con el fin de colocar un funcionario propio que garantice el manejo discrecional de esa “caja millonaria”.

Además, el texto judicial señala que Amor habría intentado designar a su exmarido, Julio De Ferrari, como director dentro del organismo, en un intento de “acomodar personas de confianza” para reforzar el control de áreas estratégicas. La maniobra se habría frustrado tras el escándalo interno que generó la filtración de la propuesta.

El grupo integrado por Campo, Mikkelsen Loth, López y Palacios es descripto como el “núcleo operativo” de las maniobras que habrían permitido direccionar licitaciones y eludir los controles internos. “Todo se hace en connivencia con quienes deberían auditar las irregularidades, lo que agrava el cuadro de situación”, afirma el texto presentado ante la fiscalía.

El expediente ya se encuentra en el ámbito de la Justicia Federal, que deberá definir qué juzgado asumirá la investigación. Si las pruebas se confirman, el caso podría destapar uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa dentro de la ANSES en los últimos años.