Gobierno nacional. Milei descongeló los sueldos de la cúpula del Gabinete: cuánto van a cobrar y qué dicen los especialistas.

Y... los 70.000 del bono de los jubilados???

Después de más de dos años con los salarios pisados, el Gobierno nacional decidió actualizar los sueldos de ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades jerárquicas del Gabinete. La medida quedó oficializada a través del Decreto 931/25, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a casi todos los cargos altos del Poder Ejecutivo.

La excepción: el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que van a seguir cobrando exactamente lo mismo que a fines de 2023.

Con el aumento, los ministros pasarán a cobrar entre $5,8 millones y $6,6 millones brutos, mientras que los secretarios estarán en un rango de $5,3 millones a $6,1 millones.

Para Zack, el problema de fondo no es solo cuánto cobran, sino que ocupar cargos de alta responsabilidad en el Estado suele implicar ganar menos que en el sector privado.

“Cualquiera que hoy acepte ser ministro, secretario o subsecretario podría estar ganando más plata afuera del Estado”, afirmó. Por eso, dice, la decisión suele estar más ligada a la vocación, la afinidad política, la experiencia o incluso a los contactos que se generan, y no tanto al sueldo.

Otro punto clave que marcó Zack es la alta rotación de funcionarios. “Con cada cambio de gobierno —y muchas veces dentro del mismo— se reemplazan cargos altos, medios y bajos. Eso conspira contra la construcción de una burocracia técnica con experiencia real, conocimiento del Estado y vocación de largo plazo”, explicó.

Según el economista, esta dinámica termina afectando la capacidad del Estado para planificar y sostener políticas públicas en el tiempo.

Desde otra mirada, el politólogo César Murúa, director de la Especialización en Dirección de Organizaciones Públicas de la Universidad Católica de Córdoba, puso el foco en algo clave: el sueldo, por sí solo, no es un gran incentivo para trabajar en el Estado.

“En general, la gente no entra a la administración pública por el salario. Lo que pesa más es la posibilidad de consolidarse en un espacio, ganar experiencia, trabajar en equipo y, sobre todo, formar parte de una causa”, explicó.

Murúa también destacó que los cargos políticos tienen un costo reputacional que muchas veces el sueldo no compensa, y que para retener talento es fundamental ofrecer estabilidad, capacitación y reconocimiento del desempeño.

“La estabilidad es clave para que la gente se quede. Y la capacitación suma valor, tanto para crecer dentro del Estado como para proyectarse después al sector privado”, agregó.

Zack remarcó que, al tratarse de un grupo reducido de funcionarios, estos aumentos no mueven la aguja de la economía. “No tiene impacto macroeconómico. Son pocas personas y, aun con aumentos importantes, no cambia el resultado fiscal”, explicó.

Además, recordó que la ley de Presupuesto ya establece que cualquier ajuste salarial está atado al equilibrio o superávit fiscal. Murúa coincidió y fue en la misma línea: “Los sueldos de los funcionarios representan una porción mínima del gasto total. Congelarlos como gesto de austeridad es más simbólico que efectivo”.

Más allá de los números, el tema reabre una discusión más profunda: cómo profesionalizar la administración pública y diferenciar claramente entre cargos políticos y técnicos.

Para Murúa, los incentivos para atraer técnicos al Estado deberían ir mucho más allá del salario. “Hay que pensar en mecanismos de ingreso claros, evaluaciones de desempeño y capacitación constante. Esa capa técnica del Estado es la más importante”, afirmó.

Y cerró con una advertencia: “Si el discurso público solo refuerza prejuicios sobre cuánto trabajan los empleados estatales, nunca va a ser atractivo ni prestigioso sumarse a la función pública. Sin valoración social, no hay profesionalización posible”.