Fuerzas de Seguridad: el Gobierno implementó un cambio clave para el manejo de armas
El Gobierno implementó una serie de medidas que actualizan el régimen de la base de datos y control de armas y usuarios pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias y Armadas de la Argentina.
Lo hizo a través de la Resolución 17/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente de la cartera que lidera Patricia Bullrich, publicada este miércoles.
Apuntan a adaptar los procedimientos de altas y bajas de material institucional, además de ordenar el sistema de registro y fiscalización de la condición de legítimo usuario y portador de armas de fuego.
Fuerzas de Seguridad: los cambios para el registro de armas
La normativa responde a modificaciones previas dispuestas por el Decreto 409/2025 al régimen general de armas. Moderniza procedimientos y establece nuevas obligaciones para todas las instituciones mencionadas en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Los cambios empezaron a correr a partir del 19 de junio, cuando el Gobierno publicó la normativa a través de Boletín Oficial que alcanzaba al personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, servicios penitenciarios, policías provinciales, asociaciones de tiro y usuarios civiles en todo el país.
Esta actualización implica la aprobación de instructivos específicos para las fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando tanto miembros en actividad como personal retirado de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal, Fuerzas Armadas, junto con sus equivalentes provinciales y porteños.
Así, el nuevo régimen también exige que las instituciones mantengan actualizados ante el organismo los inventarios de armas institucionales. Cada fuerza debe recordar que, para otorgar permisos de tenencia y portación, es esencial la correcta evaluación de antecedentes personales, profesionales y condiciones psicofísicas del solicitante.
De acuerdo con el texto oficial, es «indispensable establecer con claridad el deber de las fuerzas comprendidas de informar y mantener actualizada ante el RENAR la situación psicofísica, disciplinaria y patrimonial del personal a su cargo que posean armas registradas o permisos de portación, con el fin de prever sanciones ante el incumplimiento de tales deberes».
En esta línea, la falta de actualización o el incumplimiento de la entrega de información por parte de las fuerzas implicará la responsabilidad administrativa de sus funcionarios.
Para acceder al estatus de «legítimo usuario» y a la autorización de portación, tanto el personal en actividad como quienes estén retirados, deberán adecuar sus solicitudes a los nuevos instructivos.
El personal con permisos vencidos también deberá realizar un trámite completo bajo los parámetros vigentes. El texto también aclara que los miembros exonerados o dados de baja obligatoriamente por cuestiones disciplinarias perderán la condición de legítimo usuario y deberán ajustar sus acciones.
FUENTE : EL CRONISTA
