Covid19. Salta. Dictámen adverso contra medida de amparo constitucional » inadmisible «.
Dictamen en contra del amparo de los abogados para prestación plena de la Justicia en Salta
El dictamen fue emitido por la fiscal de turno, Cecilia Flores Toranzos, quien es titular de la Fiscalía Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, ante el Juzgado del Tribunal de Juicio Sala I, en relación al amparo constitucional interpuesto por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia y por la Caja de Seguridad para Abogados de la Provincia.
Flores Toranzos dictaminó que las pretensiones de estas dos instituciones (que el viernes pasado protagonizaron un bocinazo frente a la Ciudad Judicial de la capital salteña) para pedir por el restablecimiento del servicio de Justicia en la provincia, resultan «manifiestamente inadmisibles» y, por lo tanto, «deben ser rechazadas».
Las entidades promovieron una demanda de amparo constitucional con el objeto de que se ordene el inmediato restablecimiento de la prestación plena y efectiva del servicio de Justicia en la provincia de Salta.
Además, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de las Acordadas 13175 y 13201 de la Corte de Justicia y la Resolución 1079 del Ministerio Público, que establecen la feria judicial extraordinaria que está vigente desde fines de agosto, por no hacer efectivo el derecho de acceso a Justicia, tutela judicial efectiva y, en particular, de las abogadas y abogados, a trabajar y ejercer la profesión.
En sus consideraciones, Flores Toranzos advirtió que los actores no calificaron su pretensión como colectiva, más allá de aludir a la defensa de «los derechos individuales y homogéneos de los abogados», así como tampoco optaron por la vía de la acción de inconstitucionalidad.
La fiscal consideró que no surge que la actuación de la Corte de Justicia y del Ministerio Público se haya traducido en actos arbitrarios, que implicaría que la discrecionalidad habilitada por la norma es aplicada en forma insostenible, caprichosa, irrazonable o abusiva; ilegales ni inconstitucionales.
En cambio, señaló la fiscal, que se transita una situación excepcional en atención a la pandemia causada por el coronavirus, y en este contexto, es que se adoptaron distintas disposiciones para hacerle frente y que se plasmaron en normas cuyos parámetros determinaron la adecuación del funcionamiento de los organismos del Estado.
Fuentes del Poder Judicial de Salta informaron hoy a Télam que son 11 los jueces salteños que dieron positivo en coronavirus en Salta, todos del Distrito Judicial Centro, que hasta ayer tenía 29 de los 49 casos de coronavirus que se presentaron entre trabajadores judiciales de esta provincia.
Para la fiscal, «la petición olvida que la normalización del sistema implicaría no solo la concurrencia a las dependencias judiciales de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del Ministerio Público, y de los letrados litigantes, sino de un gran número de personas».
Esto apareja, en la situación epidemiológica actual, «un gran riesgo para la salud pública, la vida e integridad física de aquellos, entre ellos, los justiciables a quienes el servicio de Justicia está llamado a proteger».
Para la fiscal, resulta una pretensión incomprensible, al no advertir que al requerir la concurrencia masiva a los tribunales locales en la actualidad, la propagación epidemiológica de la Covid-19 podría llegar a ser inusitada en su magnitud e incontrolable, en estos momentos en que la curva de contagios se encuentra en un franco proceso de ascenso.
Además, recordó la modalidad de trabajo adoptada priorizando el uso de los recursos tecnológicos disponibles, y consideró que tampoco se advierte que con ello se hubieran afectado los derechos constitucionales de los justiciables ni de los abogados del foro.
