FICHA LIMPIA
o sucia... da lo mismo...
¿Existe un código de ética de la función pública? ¿Es el compromiso de todo funcionario público combatir la corrupción y promover las acciones tendientes a incrementar el grado de transparencia en la Administración Pública? ¿Existe en la política la estabilidad, la equidad, la responsabilidad, la eficiencia y los valores?
La República Argentina ratificó, mediante la Ley N° 24.759, la elaboración de la Convención Interamericana contra la Corrupción, primer instrumento internacional mediante el cual los Estados de América definen objetivos y adoptan obligaciones, no sólo desde el punto de vista político sino también jurídico, en la lucha contra la corrupción, la que como medida preventiva recomienda el dictado de normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de la función pública.
Los Principios Generales que deben guiar la acción del funcionario son los de probidad, prudencia, justicia, templanza, idoneidad y responsabilidad.
Es deber inexcusable del funcionario público mantener una conducta decorosa y digna y no utilizar las prerrogativas del cargo para la obtención de beneficios personales.
El 07 de Noviembre del corriente año, el Gobernador de nuestra Provincia, Gustavo Sáenz, luego de fuertes insistencias por parte de la Cámara de Diputados, promulgó el proyecto de Ley FICHA LIMPIA: prohíbe que sean candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales, las personas que tengan condena judicial en segunda instancia y mientras estén cumpliendo la condena.
La prohibición se aplica a los delitos cometidos en contra de la administración pública relativos al cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles por el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento. También los cometidos contra el orden económico y financiero, contra las personas, la integridad sexual, el estado civil y libertad de las personas. En todos los casos, el cumplimiento de lo establecido por la ley se tramitará por vía de impugnación ante el Tribunal Electoral de la provincia de Salta.
Aún así, se sigue aprobando la ocupación de cargos políticos que a mi modo de ver las cosas son INACEPTABLES.
Ordoñez, ex concejal salteña que cobró el IFE, integrante de la Agrupación Democrática Comunal (ADECO), fue designada como nueva encargada de la Dirección de Prensa y Medios de Comunicación de la ciudad de Aguaray, en la frontera con Bolivia.
Fue la justicia provincial, quien acusó a Ordoñez y a otros concejales en su misma situación de cometer fraude en perjuicio de la administración pública y violación a los deberes de funcionario público.
En ese momento, luego de una homologación del beneficio de la probation, los involucrados en la causa se comprometieron a realizar donaciones destinadas a entidades de bien público como hospitales, comedores o centros de salud y horas de trabajo comunitario.
TENGAMOS MEMORIA!!!!
Éstos son los concejales que cobraron el IFE en Salta:
- Guillermo Alemán y Antonieta Ordóñez (Aguaray)
- Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza (Salvador Mazza)
- Héctor Barraza, Marta López y Analía Leal (Orán)
- Iván Basterra (Pichanal)
- Paula Brete (General Pizarro)
- Silvia Concha y Paola Cantarella (Hipólito Iirigoyen)
- Juan Dávila y Noemí Egüe (Embarcación)
- Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Stella Maris Pérez (General Güemes)
- Guillermo Gutiérrez (Las Lajitas)
- Norberto López (Seclantás)
- Maribel López (Santa Victoria Este)
- Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez (Cachi)
- Francisco Pereyra, Santos Palma y María del Valle Torres (Rivadavia Banda Norte)
- Walter Raposo (Chicoana)
- Marcos Rosas (Rosario de Lerma)
- Carlos Sánchez (El Potrero)
- Daniel Tilca (Vaqueros)
- Mónica González y José Reynaga (San Lorenzo)
- Luis Coronel (El Carril)
- Marcelo Segundo (El Bordo)
- Héctor Cari (Guachipas)
- Daniel Casimiro (La Poma)
- Franco Córdoba (San Antonio de los Cobres)
- Raquel Gerez (Río Piedras)
- Gabriela Cazón (Aguas Blancas)
- Leandro Gerónimo (Payogasta)
- Ricardo Díaz y Antonio Benítez (Santa Rosa)
- Jesús Cuellar (Urundel)
- Nicolasa Maras (Los Toldos)
- Ludmila Borujow, Héctor Fernández y Nilda Rojas (Quebrachal9
- Héctor Chauqui (Angastaco)
- Julio Laxi (Animaná)
- Visitación Mónica Juárez (Rivadavia Banda Sur)
- Nancy Quiroga (Santa Victoria Oeste)
También se investigó a tres funcionarios con cargos jerárquicos en el PAMI:
- Viviana Fernández
- Emilia Juárez
- Javier Navarreta, que se desempeñaban en distintas localidades.
En el caso de Fernández y Navarreta fueron condenados en un juicio oral y público a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ser empleados públicos. Juárez, en tanto, fue absuelta.
También fueron investigados otros nueve trabajadores de la Municipalidad de General Pizarro.
Estamos hablando de una defraudación al Estado Nacional cometida por funcionarios públicos!!! y se los sanciona con donaciones destinadas a entidades de bien público como hospitales, comedores o centros de salud y horas de trabajo comunitario????
¿Y Ordoñez volverá a cobrar ahora un sueldo del municipio?
Tampoco olvidemos quién le da el lugar a la ex edil: el Intendente Guillermo Alemán, quien también se había anotado para percibir el IFE cuando era presidente del Concejo Deliberante local.
Si vos, o yo, personas comunes, laburantes, hicieramos una defraudación de éste tipo, ¿creés que se nos perdonaría o que podríamos recuperar nuestro trabajo, o que nos reubicarían en otro sector?
¿Te parece justo que cuando todo un País cumplía con las restricciones por el CoVid-19, y sólo podía vivir de esa ayuda económica porque no se nos permitía salir de casa, éstas personas que supuestamente nos representan, cobren su sueldo habitual, más el IFE y vaya a saber cuántos fraudes más!!!!?
¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando que se nos rían en la cara?
