El vínculo de cada decisión del Gobierno: ¿Un sistema perfecto para la corrupción? Parte III

Hace tiempo que desde Tribuna de Periodistas se viene advirtiendo que la gestión del presidente Javier Milei parece estar desplegando un plan estratégico, minuciosamente calculado, destinado a estructurar un sistema de corrupción e impunidad.

Esta estructura queda en evidencia con la convergencia de medidas que, analizadas en conjunto, revelan la intención de proteger a los eslabones del más alto mando del Gobierno Nacional frente a cualquier control judicial. 

El primer eslabón de esta cadena es el ataque sistemático a la prensa, buscando deslegitimar al periodismo con el fin de que, cuando las irregularidades salgan a la luz, la ciudadanía ya no confíe en los denunciantes. 

Este hostigamiento escaló al uso de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)  como un brazo ejecutor de vigilancia sobre periodistas y economistas críticos, amparándose en un Plan de Inteligencia Nacional que criminaliza la disidencia bajo la excusa de la seguridad nacional.

Por suerte, en este punto el Gobierno fue derrotado y debió modificarlo para que pase el escrutinio de la Comisión de Inteligencia en el Congreso de la Nación tras ser fuertemente criticado por la oposición y los medios de comunicación.

Pero la cuestión se pone aún más de manifiesto tras las millonarias inyecciones de dinero a los fondos reservados de la SIDE y la creación de un Departamento Federal de Investigaciones, facultado para realizar contrataciones directas sin licitación, configurando la creación de cajas cuyo destino es prácticamente imposible de auditar.

Esta voluntad de ocultamiento se refuerza con la modificación por decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde el Gobierno se arrogó la facultad discrecional de decidir qué datos son privados, bloqueando así la fiscalización sobre la utilización de recursos públicos.

Es básicamente la estrategia que utiliza por estos días el jefe de Gabinete Manuel Adorni para no tener que dar explicaciones por su vuelo en un avión privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de carnaval.

En este círculo de impunidad no pueden dejarse exentos varios movimientos que realizó el Gobierno de Milei en organismos de control e incluso en el Ministerio de Justicia.

Por un lado, resulta clave la decisión de quitarle a la Unidad de Información Financiera (UIF) la capacidad de ser querellante en causas de lavado de dinero, una herramienta que fue de vital importancia para condenar figuras del poder en el pasado.

En paralelo, la estrategia incluye la intervención en el Consejo de la Magistratura y el polémico intento de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. 

La elección de Lijo, un juez con un extenso historial de cajoneo de causas sensibles, representa la búsqueda de una garantía de impunidad final para las causas que pesan sobre la espalda de la cúpula de la Casa Rosada. 

No parece casual que hoy el Gobierno analice, en conjunto con actores de influencia histórica en la política, que Lijo sea designado como procurador General de la Nación, acaso el jefe de todos los fiscales.

Este esquema se termina de perfeccionar con la captura de la Oficina Anticorrupción (OA), donde la designación de Gabriela Carmen Zangaro, impulsada por el influyente hoy ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, reduce la independencia del organismo al mínimo.

La OA, que debería investigar al Poder Ejecutivo, termina funcionando como un escudo, tal como demostró al desestimar cualquier ilícito de Milei en el criptoescándalo $LIBRA.

Con figuras como Mahiques, el viceministro Santiago Viola y ahora Zangaro como los guardianes del engranaje descrito, los expedientes que comprometen a funcionarios de primera línea como el presidente, Manuel Adorni o la propia Karina Milei son vigilados por quienes deberían ser sus perseguidores. 

En tal contexto, cada medida que impulsa el Gobierno pareciera tener el mismo fin, consagrar la impunidad en actos de corrupción para que los principales funcionarios del Gobierno no se vean afectados en las investigaciones y puedan deslegitimar cualquier investigación, señalamiento o incluso cualquier crítica menor, dando cuenta, una vez más, que el Gobierno opera bajo la lógica de una autocracia.