El movimiento colombiano Defendamos la Paz pidió al flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fortalecer el apoyo a la implementación del acuerdo de paz.
Activistas piden a Biden su apoyo para garantizar la implementación del acuerdo de paz en Colombia
El heterogéneo movimiento colombiano Defendamos la Paz pidió al flamante presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fortalecer el apoyo a la implementación del acuerdo de paz en Colombia, donde el Gobierno del conservador Iván Duque ha puesto trabas al proceso en medio de una violencia creciente contra los líderes sociales y campesinos que intentan aplicarlo.
El pedido fue expresado a través de un comunicado emitido anoche por la plataforma, que reúne a académicos, periodistas, políticos, campesinos, defensores de derechos humanos y exintegrantes del equipo negociador de paz del Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC y velan por el respeto del acuerdo firmado en noviembre de 2016.
«Queremos manifestarles nuestra esperanza de que esta nueva administración fortalecerá el apoyo a la implementación integral del Acuerdo de Paz, a la protección de la vida de los excombatientes y de quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la paz», señalaron los activistas en la nota.
Asimismo, instaron al nuevo Gobierno estadounidense a garantizar el «respeto de las instituciones que velan por los derechos de las víctimas del conflicto armado y de los pueblos étnicos» y a promover un «cambio en la política de drogas» acorde a lo establecido en el pacto.
Según señalaron desde la iniciativa, el proceso de paz ha encontrado «numerosos obstáculos» en los Gobiernos de Duque y del expresidente estadounidense Donald Trump.
«Gran parte de lo pactado no se ha implementado, mientras que la puesta en obra de otros aspectos se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos, o incluso en medio de objeciones presidenciales, como es el caso del sistema para garantizar los derechos de las víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz», lamentaron.
El movimiento manifestó también su preocupación por las cifras del último informe de la Misión de Paz de la ONU, que reportó entre 2016 y 2020 el asesinato de 248 excombatientes que estaban cumpliendo su compromiso con la paz, mientras que «distintas fuentes autorizadas» documentaron la ejecución de más de 1000 líderes y lideresas comunitarios en territorios donde el Estado debería estar haciendo presencia con programas de paz.
La iniciativa destacó también la «contribución significativa» del Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2016) para lograr el éxito del proceso de diálogos que, en 2016, condujo a la firma de acuerdo final entre el Gobierno y las FARC, a la vez que reconoció el acompañamiento brindado entonces por Biden, junto al entonces secretario de Estado John Kerry y al enviado especial Bernard Aronson.
«Desde esta plataforma diversa, les trasmitimos a ustedes nuestra entera disposición a desarrollar una relación constructiva entre su gobierno y la sociedad civil colombiana orientada al desarrollo de la paz, la democracia, los derechos humanos en el país y en sus territorios», concluyeron.
La denominada reconciliación nacional en Colombia se ha visto afectada estos últimos años por un preocupante incremento de la violencia hacia los defensores del acuerdo de paz de 2016.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a lo largo de 2020 fueron asesinados 309 líderes sociales en Colombia, 97 de ellos en el departamento de Cauca, que se convirtió en uno de los territorios más hostiles para los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos.
La organización Somos Defensores publicó en noviembre un informe en el que asegura que el 48% de los asesinatos son perpetrados por «desconocidos», mientras que otro 30% por paramilitares.
También Naciones Unidas registró al menos 66 masacres en el país en 2020, con 255 muertes y el asesinato de 120 defensores de los derechos humanos, y pidió en reiteradas ocasiones a las autoridades que tomen «medidas concretas para proteger a la población».
En un comunicado emitido en diciembre, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó «la intensificación de la violencia perpetrada por grupos no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia, que tienen como objetivo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos».
«Lamentablemente, la violencia se ha trivializado en Colombia después de décadas de conflicto armado, pero nadie debería aceptarlo», manifestó Bachelet, citada por la agencia de noticias AFP.
