El gobierno de Javier Milei cerró la Dirección Nacional de Vialidad
El gobierno de Javier Milei anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que se encarga del mantenimiento de los más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales con más de 5.000 trabajadores en todo el país. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que con esta medida se firmó la «defunción» de la corrupción.
El Gobierno dispuso este lunes el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. Adorni sostuvo que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente”.
Según explicó Adorni, se abrirá una licitación para la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. El anuncio fue precedido por un video que mostró recortes de un programa conducido por el periodista Jorge Lanata referido a la denominada causa «Vialidad».
«De esta manera se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación de Transporte que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la fiscalización de concesiones viales», apuntó en un anuncio realizado en Casa Rosada. El anuncio se dio en la antesala al fin de las facultades delegadas por el Congreso para aplicar la Ley Bases, que vence este miércoles 9 de julio.
Cierre de Vialidad: la denuncia de los gremios
Según denunciaron los gremios, el cierre de la Vialidad Nacional implicaría el despido de más de 5.500 trabajadores y al menos 118 rutas nacionales a la deriva con más de 40 mil kilómetros que quedarán sin mantenimiento ni cobertura. Los conflictos y reclamos por la paralización de Vialidad Nacional se dan desde el inicio de la gestión Milei.
Incluso desde las gobernaciones le pidieron a Vialidad Nacional que entregue las rutas nacionales con concesiones cerradas y arreglos terminados, pero nunca se llegó a un acuerdo con Nación. De hecho, fueron dos los gobernadores que llevaron a la dirección nacional a la Justicia federal: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.Según explicaron desde el Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), el Gobierno es «responsable del genocidio en las rutas nacionales que está generando y este decreto lo ratifica». La secretaria general del gremio, Graciela Aleñá, acusó al presidente Javier Milei y al ministro de Deregulación, Federico Sturzenegger, de provocar «Rutas Nacionales de la Muerte» al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento.
y remató: «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios».
FUENTE EL DESTAPE
