El Gobierno busca unificar el trámite de título y matrícula de profesionales de la salud
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la reorganización de trámites vinculados al sistema sanitario y a políticas de inclusión con la publicación de la Resolución 415/2026 en el Boletín Oficial. La norma habilita a distintos organismos a firmar convenios con el objetivo de simplificar gestiones, acortar plazos y ampliar derechos.
Uno de los ejes centrales apunta a integrar la obtención del título universitario con la matrícula nacional para los profesionales de la salud. Para eso, la Secretaría de Gestión Sanitaria quedó facultada para avanzar en un acuerdo con el Ministerio de Capital Humano, o el área que este designe.
Cuál es el objetivo de la medida
La iniciativa busca que los egresados accedan de forma más directa a la habilitación profesional, evitando trámites duplicados y demoras entre la finalización de los estudios y la inserción en el sistema sanitario. Según se desprende de la norma, el objetivo es reducir tiempos y eliminar trabas burocráticas en procesos que hoy dependen de distintas dependencias estatales.
En paralelo, la resolución también avanza sobre políticas de inclusión. El titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad fue autorizado a firmar un convenio con la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía para implementar la gratuidad de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad.
La medida se enmarca en un acuerdo previo firmado en marzo de 2025 entre la Agencia Nacional de Discapacidad, la Secretaría de Transporte y Nación Servicios S.A., y apunta a garantizar el acceso gratuito al transporte público, simplificando tanto la tramitación como la validación del beneficio.
El esquema prevé mejorar la articulación entre organismos y operadores del sistema para lograr una mayor cobertura, con menos instancias presenciales. Además, se impulsa la asignación automática del beneficio, con el foco puesto en la accesibilidad y la movilidad inclusiva.
Cambios en Salud y Discapacidad
Por otra parte, la resolución introduce cambios sobre normativas previas del Ministerio de Salud, al delegar en la Secretaría Nacional de Discapacidad distintas competencias vinculadas a pensiones no contributivas por invalidez, así como a la aplicación de leyes y decretos vigentes en la materia.
Con esta reorganización, el Ejecutivo busca que ese organismo concentre la gestión directa de trámites y beneficios, con la meta de dar mayor claridad y rapidez a las respuestas administrativas.
Finalmente, la norma deja sin efecto disposiciones dictadas entre 2023 y 2025 y restituye la vigencia de una resolución previa de 2025, en el marco de un reordenamiento normativo integral.
FUENTE : ÁMBITO
