El Gobierno busca eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos
El gobierno de Javier Milei está considerando enviar un proyecto de ley al Congreso para eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, según informó una fuente de la Casa Rosada a la periodista Liliana Franco. La propuesta tiene como objetivo adoptar un modelo similar al estadounidense, donde son los adherentes quienes financian a sus partidos.
Desde el entorno del presidente, se considera esta medida un paso necesario para «transparentar los gastos de la política» y está alineada con «la batalla contra las castas». Las autoridades piensan incluir esta iniciativa en la discusión del presupuesto de 2025. La recepción de los legisladores sobre esta propuesta, que seguramente generará polémica, aún es incierta. Existe la especulación de que los recortes a los fondos para partidos podrían destinarse al presupuesto universitario.
Cabe recordar que el Ejecutivo ya había intentado eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que en 2023 costaron 10.618 millones de pesos. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció recientemente que no tienen los votos necesarios en el Congreso para eliminar las primarias el próximo año.
En el entorno gubernamental se menciona que las negociaciones sobre el presupuesto avanzan positivamente. Aunque el Ejecutivo rechaza la propuesta de un aumento del 8% en las jubilaciones de otras fuerzas políticas, se podría considerar una suma por única vez. Aseguran que todo está en la mesa de negociación, y que los ajustes en las partidas se pueden hacer sin comprometer el equilibrio fiscal.
En el presupuesto de 2023, el Ministerio del Interior recibió 48.500 millones de pesos (aproximadamente 164 millones de dólares) para el desarrollo democrático y relaciones con la comunidad. Actualmente, los partidos políticos cuentan con dos fuentes de financiamiento: una pública, a través de aportes del Estado Nacional, y otra privada, que proviene de sus afiliados, donaciones y otras actividades.
La ley 26.215 establece que el Estado debe distribuir financiamiento equitativamente entre alianzas para la impresión de boletas y, para actividades de campaña, asigna fondos en función de los votos obtenidos en la última elección. Existen restricciones sobre las contribuciones recibidas, que no pueden ser anónimas ni de entidades gubernamentales, concesionarias o proveedores del Estado.
La Cámara Nacional Electoral mantiene una plataforma pública para registrar aportes, pero los expertos advierten que muchos gastos de campaña provienen de contribuciones informales que no aparecen en los informes legales.
