Desvíos de fondos. La AGN cuestionó el manejo de fondos del Ministerio de Seguridad durante 2019.

La Auditoría General de la Nación (AGN) analizó la ejecución presupuestaria de la Cuenta de Inversión 2019, presentada por el Poder Ejecutivo a través de la Contaduría General, y detectó serias irregularidades en convenios firmados por el Ministerio de Seguridad.

Según el informe, al cual tuvo acceso Tribuna de Periodistas, se identificó que a través de acuerdos de cooperación con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Asociación Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca (AICACYP) se crearon cuentas específicas que eran administradas directamente por estas entidades, sin la intervención ni control del Ministerio.

En total, los recursos asignados a ambos convenios representaron el 30% del presupuesto ministerial de 2019, equivalente a $713.873.724,77. De esa suma, $663.473.143,09 se canalizaron mediante ACARA y $50.400.581,68 a través de AICACYP.

El problema central, advirtió la AGN, es que esos fondos nunca ingresaron a las cuentas recaudadoras oficiales ni al presupuesto del área, lo que impidió un seguimiento adecuado. En su dictamen, el organismo consideró que esta modalidad constituye “un incumplimiento manifiesto de lo dispuesto en los artículos 12 y 21 de la Ley 24.156”, que regulan la transparencia en la planificación y ejecución de los recursos públicos.

En aquel período, ACARA se encargaba de proveer insumos como la cédula azul, formularios y elementos para las plantas de verificación vehicular, además de gestionar la venta del Formulario 12 de Verificación del Automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, AICACYP colaboraba con la modernización del Registro Nacional de Precursores Químicos, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la Ley 23.737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

La AGN advirtió que este esquema de administración “genera serios riesgos de desvío de fondos hacia fines distintos a los previstos, así como incumplimientos en el registro, custodia y utilización de bienes y servicios adquiridos, con el consiguiente perjuicio al patrimonio del Ministerio y del Estado Nacional”.