Denunciaron penalmente a Flavia Royón por su rol en la Ley de Glaciares y presuntos vínculos con el sector minero
El abogado ambientalista Enrique Viale denunció penalmente a la senadora nacional por Salta Flavia Royón en el marco de la reforma de la Ley de Glaciares, al considerar que incurrió en un conflicto de intereses entre su rol legislativo y sus vínculos con empresas del sector minero.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y apunta a la presunta comisión de delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho. Según el escrito al que accedió PERFIL, Royón impulsó y votó a favor del proyecto sin excusarse, pese a que la modificación normativa podría beneficiar a compañías con las que mantuvo relaciones profesionales.
El planteo retoma una advertencia que el propio Viale había formulado dos días antes, el miércoles, durante su exposición en la audiencia pública en Diputados. Allí había cuestionado con dureza la reforma impulsada por el Gobierno y la había definido como una iniciativa “a medida de las mineras”, además de anticipar un escenario de judicialización.
La denuncia a Royón: delitos y conflicto de intereses
En la presentación, los denunciantes sostienen que la acusación no apunta a las opiniones legislativas de Royón —protegidas por la Constitución— sino a su presunta intervención en decisiones públicas con impacto directo sobre intereses privados con los que estaría vinculada.
“Los funcionarios públicos deben representar al pueblo, no a corporaciones mineras”, señalaron desde la organización que encabeza Viale. Y agregaron una definición que sintetiza el eje del planteo: “No se puede legislar con un pie en el Senado y otro en el directorio de empresas proveedoras mineras”.
El escrito pide avanzar con medidas de prueba sobre declaraciones juradas patrimoniales, vínculos societarios y movimientos de las empresas involucradas, además de requerimientos a organismos públicos y registros oficiales.
La reforma de Glaciares
La denuncia reconstruye la trayectoria reciente de la senadora y pone el foco en la superposición entre su paso por cargos clave en el área energética y minera —tanto en el gobierno de Alberto Fernández como en el de Javier Milei— y su presunta vinculación con empresas del sector privado.
En particular, menciona su relación con firmas como Zelandez, dedicada a servicios tecnológicos para proyectos de litio, y la consultora Minenco. Según el planteo, ambas operan asesorando a compañías mineras con intereses en zonas alcanzadas por la Ley de Glaciares.
El punto más sensible aparece en su actuación parlamentaria. Los denunciantes sostienen que Royón impulsó y votó a favor de la reforma sin apartarse del debate, pese a que la modificación podría generar beneficios directos o indirectos para empresas vinculadas a ese entramado.
Entre los aspectos cuestionados se encuentra el cambio en los criterios de protección del ambiente periglacial, que permitiría excluir determinadas zonas si no se acredita una función hídrica relevante. Según la denuncia, ese tipo de evaluaciones coincide con los servicios que prestan las empresas mencionadas.
El conflicto se inscribe en un debate legislativo que ya venía marcado por tensiones. Durante la audiencia pública en Diputados, distintos expositores —entre ellos Viale— cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el procedimiento adoptado por el oficialismo.
En ese contexto, el abogado había advertido que la reforma abría la puerta a una ola de litigios. La denuncia presentada ahora aparece como el primer paso concreto en esa dirección.
Al mismo tiempo, el caso introduce un factor político adicional. Royón votó en línea con el oficialismo en el tratamiento de la ley, a pesar de su paso por el gobierno anterior, y quedó en el centro de un planteo que combina cuestionamientos ambientales, técnicos y ahora también penales.
Si la causa avanzara en la Justicia, el escenario podría escalar más allá del plano judicial. Con fueros como senadora nacional, cualquier proceso podría derivar en una crisis política dentro del Senado e incluso abrir la puerta a pedidos de juicio político, una posibilidad que por ahora no fue impulsada pero que aparece en el horizonte si la investigación prospera.
De peronista a ser aliada de LLA
La senadora que responde al gobernador salteño Gustavo Sáenz mostró un giro en sintonía con el que dio el mandatario provincial. Si bien forman parte del peronismo, han votado con el oficialismo en más de una ocasión, en temas sensibles como la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026, los cuales el bloque de UxP en la Cámara Alta rechazó casi con unanimidad.
Royón integra, precisamente como vocal, comisiones clave vinculadas a estos temas como la de Minería, Energía y Combustible; la de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la de Trabajo y Previsión Social, entre otras.
FUENTE : PERFIL
