De la motosierra al aumento: funcionarios del Gobierno con subas salariales de más del 100%.

El gobierno de Javier Milei decidió ponerle fin al congelamiento salarial que venía manteniendo desde que arrancó la gestión y habilitó subas importantes para los cargos más altos del Poder Ejecutivo. Desde enero, ministros, secretarios y subsecretarios empezaron a ver aumentos que, en pocos meses, superan el 100%. Eso sí: el Presidente y la vice, Victoria Villarruel, siguen con los mismos sueldos de antes.

La movida quedó oficializada el 2 de enero de 2026 a través del DNU 931/2025, firmado por el propio Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli. El decreto no detalló números concretos, pero en la práctica implicó una recomposición fuerte después de dos años sin tocar los ingresos.

El contexto también jugó su papel. Tras el triunfo en las legislativas de 2025 y en pleno verano —cuando la actividad política baja un cambio— el oficialismo avanzó con esta decisión en medio de quejas internas: varios funcionarios se estaban yendo al sector privado porque los sueldos no resultaban competitivos.

En el caso de los secretarios y subsecretarios, la historia es parecida. Los aumentos también fueron fuertes y sostenidos mes a mes, con ingresos que prácticamente se duplicaron en muy poco tiempo y siguieron creciendo hasta mayo.

Si se compara diciembre con febrero, los aumentos rondan el 102%. Si se mira abril, trepan al 120%, y en mayo llegan a un 123%. O sea: en cuestión de meses, los sueldos de la cúpula del Ejecutivo pegaron un salto muy importante.

Mientras tanto, Milei sigue cobrando poco más de $4 millones y Villarruel cerca de $3,7 millones. De hecho, la vicepresidenta ya había dicho en su momento que su salario le parecía bajo para la responsabilidad del cargo.

Puertas adentro de la Casa Rosada, la explicación fue bastante clara: recuperar lo perdido frente a la inflación. En 2024 el índice cerró en 117,8%, en 2025 en 31,5% y en lo que va de 2026 suma casi un 6%. Con ese panorama, el Gobierno argumentó que hacía falta actualizar los ingresos.

El decreto también incluyó una justificación más técnica: sostuvieron que pagar sueldos “adecuados y competitivos” ayuda a tener un Estado más profesionalizado y evita perder funcionarios clave, sin comprometer las cuentas públicas.

Ahora bien, cuando se compara con otros sectores, las diferencias saltan a la vista. Los senadores venían cobrando alrededor de $11,6 millones y los diputados unos $7 millones. En la Corte Suprema, un juez ronda los $9,9 millones. Muy por debajo, el salario promedio registrado está cerca de $1,6 millones, y el estatal ronda $1,2 millones, con pisos bastante más bajos.

Todo esto pega de lleno en un punto sensible para el Gobierno: el discurso de austeridad. Durante mucho tiempo, Milei evitó subir salarios como una señal política contra “la casta”. Pero con el correr de los meses, ese planteo empezó a cambiar.

En paralelo, el clima político tampoco ayudó. La causa $LIBRA generó ruido al exponer supuestos vínculos entre el Presidente, su entorno y el empresario Mauricio Novelli en una presunta estafa. Desde el oficialismo niegan impacto electoral y rechazan las acusaciones.

A eso se suman los problemas judiciales de Adorni, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito tras conocerse su crecimiento patrimonial y sus viajes al exterior. También aparecieron investigaciones por créditos del Banco Nación otorgados a funcionarios y legisladores oficialistas, en un expediente que busca determinar si hubo beneficios especiales.

En definitiva, mientras el Gobierno intenta justificar los aumentos como una corrección necesaria, el tema salarial volvió al centro de la escena y abrió un nuevo frente de discusión política.