Críticas a las modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, que serían inconstitucionales
El gobierno de Javier Milei ha emitido un controvertido decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública, restringiendo el acceso a datos considerados privados. El decreto 780/2024 redefine «información pública» y excluye explícitamente cualquier dato de naturaleza privada generado por personas o entidades privadas, a menos que esté vinculado a un interés público. Esto incluye documentos de deliberaciones preparatorias y «papeles de trabajo».
La normativa también regula el artículo 1° de la Ley N° 27.275, relacionado con el principio de «buena fe», y establece que cualquier violación a dicho principio se considera un abuso de derecho, proporcionando las acciones necesarias para evitar efectos perjudiciales y fijar indemnizaciones.
Una de las modificaciones más controvertidas es la regulación del acceso a información sobre la vida privada de los funcionarios públicos, que ahora requerirá el consentimiento explícito del titular de los datos o que esté directamente relacionada con las competencias del funcionario.
Además, el decreto introduce nuevas reglas para gestionar solicitudes de acceso a la información, estableciendo un registro detallado de solicitantes y respuestas para agilizar el proceso y evitar solicitudes repetidas. La Agencia de Acceso a la Información Pública considerará las solicitudes reiterativas como un posible abuso del derecho de acceso.
Tras esta decisión, algunos expertos legales argumentan que el decreto podría ser inconstitucional y que afecta la transparencia en la gestión gubernamental.
