Cinco desobediencias judiciales, una condena y penas unificadas
En una audiencia de juicio abreviado, el juez de la Sala I del Tribunal de Juicio Martín Fernando Pérez, condenó a un hombre de 55 años a la pena de dos meses de prisión de ejecución condicional por ser autor del delito de desobediencia judicial (cinco hechos), y le unificó la condena con una anterior a la pena única de dos meses y veinte días de prisión de ejecución condicional.
Durante dos años deberá someterse al cuidado del Programa de Reinserción Social de la Provincia, no podrá acercarse a la denunciante y a su domicilio ni mantener cualquier tipo de contacto con ella, sea personal, por redes sociales, telefónico, u otro.
En caso de incumplir alguna de estas reglas podría dejarse sin efecto la modalidad condicional de la pena impuesta.
La víctima contó que mantuvo una relación sentimental con el acusado, pero que ya hacían cuatro años se habían separado por razones de violencia familiar. Agregó que él tenía prohibición de acercamiento y exclusión de hogar ordenada por el Juzgado de Violencia Familiar y de Género actuante.
Contó que el 11 de agosto de 2019 recibió mensajes de whatsapp en donde la amenazaba. Dijo que esta situación la perjudica psicológicamente ya que no es la primera vez que lo hace, siempre la hostiga.
Poco más de un mes después, el 23 de septiembre de ese año, él la llamó en reiteradas oportunidades a su celular y al teléfono fijo, aunque ella no le contestó. El 5 de noviembre de 2019 su hija se comunicó telefónicamente el imputado para que le deje dinero para sus gastos personales, lo que hizo que él se presente en el domicilio de la víctima, sin respetar la prohibición de acercamiento que ya había sido ordenada.
El 24 de diciembre de ese año, ya pasada la madrugada, él concurrió una vez más a la casa de su expareja en la camioneta de la empresa donde trabaja para dejar a sus hijas, a quienes retiró del domicilio de la madre de la denunciante. Ella recibió a las menores y le reclamó al acusado que no podía acercársele a ella ni al domicilio, y que debía respetar la perimetral ordenada por el Juzgado. Esto hizo que él se ponga agresivo y comience a agredirla. El quiso retirarse del lugar, pero ella ya había solicitado presencia policial al Sistema de Emergencias 911.
Ya en junio del año siguiente ella le mandó mensajes por whatsapp al acusado para que busque a sus hijas y cumpla con el régimen de visitas acordado, pero éste comenzó a amenazarla diciéndole que va a vender la casa donde vive. También le mandó audios agrediéndola verbalmente.