Aborto. Denuncias y contra denuncias
Tartagal
NO NOS OLVIDEMOS!!!!
A principios del mes de Septiembre, en la localidad de Tartagal, en la provincia de Salta, la médica Miranda Ruiz, de 33 años, fue detenida tras realizar un aborto, quien hasta la fecha defiende su proceder ya que en Argentina la práctica de interrupción voluntaria del embarazo es legal desde que el Congreso aprobó una ley específica a fines de 2020.
Primero ingresó la denuncia de la tía y no de la propia paciente. Esta mujer manifestó que la médica le realizó el aborto a su sobrina de 21 años, quien cursaba un embarazo de 22 semanas y alegó que la joven se había “arrepentido” durante el procedimiento. Luego una denuncia vía web al Ministerio Público Fiscal -órgano del que dependen los fiscales-. La queja habría sido radicada por la paciente en contra de la médica y en ella expresaría que luego de hablar con su tía y tío desistió del aborto aquel 24 de agosto, pero que la profesional continuó con el procedimiento. De la denuncia de la tía, se infiere que ese arrepentimiento se habría dado cuando ya había comenzado el tratamiento médico.
Ruiz fue imputada tras haber practicado una interrupción legal de embarazo (ILE) en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, una organización de trabajadoras sanitarias dedicada a garantizar el acceso al aborto legal, señaló este hecho como un intento de amedrentamiento y pidió acompañamiento institucional al Ministerio de Salud Pública de Salta para cumplir con sus funciones “sin miedo”. De hecho, el viernes Ruiz fue liberada luego de cuatro horas de estar detenida y tras las movilizaciones de las organizaciones activistas por los derechos de las mujeres que se manifestaron en Tartagal, en la capital salteña y en la ciudad de Buenos Aires.
Es difícil entender cómo se puede obligar a una persona a abortar sin cirugía (es decir sin anestesia), a través de un procedimiento con pastillas.
La médica también indicó que una jueza de garantías, llamó después al gerente del hospital, Santiago Payo, para preguntar qué estaba pasando. “Mi gerente le explica la situación, lo que está escrito en la historia clínica, cuál es la situación de la paciente, la jueza entiende que es legal y habilita que continuemos con el procedimiento”, especificó.
Al momento de evaluar el revuelo mediático que generó esta situación, la médica no dudó en apuntar a la concejala de Salvador Mazza, Claudia Subelza, que fue la que dio a conocer a los medios el tema, y a la diputada provincial Cristina Fiore, ambas conocidas por su militancia en contra del aborto, por lo que el Concejo Deliberante de Salvador Mazza analizó un pedido de medidas disciplinarias realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres para la concejala Claudia Subelza.
El Observatorio afirmó que Subelza “ejerció violencia institucional contra las personas gestantes ya que impide el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad física y psíquica, a la autonomía, el derecho a la libertad no reproductiva, entre otros», además de haber volcado dichos “dando mala información sobre el acceso y ejercicio de un derecho constituido”.
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Pero no sólo se trata de éste caso en particular, meses atrás escribí una nota (https://saltaradionox.com/2021/06/y-el-derecho-de-defensa/) en la que se dejaba entrever un sistema judicial oscuro en el norte salteño, en el que sin pruebas contundentes resuelven sobre el futuro de una persona, y ésto queda reafirmado con lo que está viviendo el Abogado Rambert Ríos, tras el pedido de Juicio de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Genero de Tartagal, María Lorena Martínez y la Abogada Valeria Magadan, por el delito de abuso sexual con acceso carnal a la joven del caso de la interrupción de un embarazo de 6 meses, y a quienes ha denunciado sin tener respuesta alguna (denuncia número 650/2021 de fecha 29/05/2021, realizada en el Destacamento Policial número 45 de la Ciudad de Tartagal, denuncia WEB WPCHPBF, DENUNCIA WEB WRSBR6U y denuncia realizada en fecha 01/06/2021 en la Comisaria Numero 45 de la Ciudad de Tartagal).
A través de un comunicado, el Dr. Rambert Ríos responsabilizó al Fiscal Gonzalo Vega, a la Fiscal Lorena Martínez y al Procurador de la Provincia Abel Cornejo, por si le llegase a pasar algo.-
